Europa no conoce las sanciones penales contra los gobernantes que superan las barreras del déficit. La Comisión Europea se reservó ayer su opinión sobre la propuesta del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que sugirió que los responsables políticos que se excedan en el gasto público podrían acabar entre rejas.

'Ya hay sanciones penales en la ley sobre la responsabilidad de los funcionarios que manejan fondos públicos', aseguró Amadeu Altafaj, el portavoz comunitario de Economía. Según él, 'se trata de reforzar las provisiones para cubrir no sólo el fraude, sino también mala gestión'.

Sin embargo, las leyes que existen en Europa y sus estados miembros sobre la materia se asemejan a las que ya hay en vigor en España sobre malversación de fondos públicos o fraude. Las sanciones penales en ese ámbito están reservadas para los políticos que utilizan dinero público para sus fines o defraudan, pero no cubren decisiones políticas de gasto que un gobernante puede ver convenientes en un momento de depresión económica, por ejemplo. Es precisamente lo que ha ocurrido en la mayoría de socios de la Unión Europea (UE). Salvo contadas excepciones, todos afrontan un expediente por déficit excesivo tras reactivar la economía con estímulos presupuestarios tras la recesión que provocó la crisis financiera. La falta de crecimiento, unida a otros factores, como la activación de los seguros por desempleo, ha engrosado la factura.

'El ámbito de las sanciones penales es nacional, por lo que nosotros no tenemos competencias, pero tampoco nos constan leyes en ese sentido', aseguró Matthew Newman, el portavoz comunitario de Justicia. En cuanto a la vigilancia del déficit y la deuda, criterio fijados en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, 'el objeto de la supervisión europea son los estados miembros, no individuos, y la base legal no tiene nada que ver', aseguró Altafaj en conversación con este diario.

Aunque la iniciativa de Montoro sería toda una novedad en una Europa todavía muy lenta en la persecución de conductas económicas dudosas por parte de directivos o agencias de calificación, una retórica similar se ha cultivado extensamente. El mes pasado, el presidente del Banco de Alemania (el Bundesbank), Jens Weidmann, comparó a los países con alto déficit y acorralados por la especulación con alcohólicos. Según Weidmann, no hay que prestarles ayuda desde Europa, sino exigirles lo máximo. 'Es como si el alcohólico dijese que quiere una botella esta noche', aseguró entonces. 'Desde mañana estaré limpio y cumpliré las normas, pero necesito una botella hoy', ejemplificó en una cena con periodistas.

El control del gasto lo realizan los interventores y el Tribunal de Cuentas

Tanto la canciller, Angela Merkel, como diputados de su partido político han coqueteado en numerosas ocasiones desde hace dos años con la expulsión de la UE de los países con alto déficit. El ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble, defiende a menudo la prima de riesgo y sus catastróficos efectos sobre la capacidad de financiación de países como España e Italia como un método de castigo por la irresponsabilidad de los gobernantes.

Según los expertos consultados, sólo habría un caso en Europa que se acercaría a la exigencia de responsabilidad de plantea ahora en España el ministro de Hacienda. Es el caso francés, donde algunos gestores públicos firman un contrato para lograr en un plazo determinado, tres años por ejemplo, unos determinados objetivos. Si no los logran, se les exigen responsabilidades, pero no penales.

En España, las responsabilidades en la gestión de los fondos del Estado figuran en la Ley General Presupuestaria, cuya última redacción es del año 2003. En la ley ya se prevé como infracción 'comprometer gastos, liquidar obligaciones y ordenar pagos sin crédito suficiente para realizarlos'. Las autoridades que cometan las infracciones previstas en esta ley 'estarán obligadas a indemnizar a la Hacienda Pública estatal o, en su caso, a la respectiva entidad los daños y perjuicios que sean consecuencia' de sus actuaciones 'con independencia de la responsabilidad penal o disciplinaria que les pueda corresponder'. El delito típico es de malversación, esto es, cuando se dedican los fondos a una finalidad distinta de la que estaba prevista.

Europa es muy lenta en la persecución de conductas económicas dudosas

El control interno de las cuentas lo realizan los interventores. Antes existía un control previo del gasto, pero se eliminó para agilizar los trámites y ayudar a la gestión; ahora sólo existe para casos concretos. El control externo, una vez liquidado el presupuesto, lo realiza el Tribunal de Cuentas.

Cuando se gasta por encima de lo que está autorizado en el Presupuesto, sólo se puede resolver (para pagar al proveedor o acreedor) mediante un expediente de convalidación del gasto que tiene que ser aprobado por el Consejo de Ministros. Se entiende que este expediente avergüenza al gestor.

La forma razonable de gastar más, cuando es necesario, es plantear un expediente de crédito extraordinario.