Los ministros de Agricultura de la UE han aprobado hoy una reforma del sector del vino flexible que permite mantener durante un plazo transitorio las medidas actuales de ayuda, ofrece un pago directo al viticultor y que retrasa en gran medida la liberalización del cultivo de viñas en Europa.

Los Veintisiete han pactado, después de tres días de intensas y duras negociaciones, una nueva regulación del mercado vitivinícola que pretende fomentar la competitividad de los vinos europeos, aunque con cambios mucho más suaves que los que Bruselas propuso hace año y medio, cuando empezaron las discusiones cerradas hoy.

La reforma de la Organización Común de Mercado (OCM), que España considera muy satisfactoria, mantiene los fondos para el sector pero modifica la forma de repartirlos: una parte para planes sociales que propicien el arranque en las zonas menos competitivas y otra para "sobres nacionales" que los Gobiernos repartirán según su criterio.

Precisamente, el aumento de la flexibilidad a la hora del uso de esas asignaciones ha sido una de las cesiones de la Comisión Europea (CE) que ha propiciado un acuerdo, porque introduce un pago novedoso para el viticultor y a la vez permite la continuidad, en un plazo de 4 años, de subsidios a los que estaba acostumbrado el sector.

Por otra parte, la nueva normativa vitivinícola conserva durante 11 años el sistema actual de regulación del viñedo europeo, que restringe el cultivo a través de los llamados derechos de plantación.

La UE ha acordado que tales derechos estén vigentes hasta final de 2015 y que incluso los países puedan atrasar la liberalización del cultivo de vid hasta final de 2018.

La OCM ha tenido hasta ahora un presupuesto de 1.268 millones anuales, que según la reforma podría ascender a 1.350 millones en 2015; España recibirá un 31% de esos fondos y seguirá siendo el primer perceptor, según la ministra de Agricultura, Elena Espinosa.

Según el texto aprobado, la asignación a España oscilaría entre los 229,3 millones en 2009 y 399,5 en 2015, aunque esta dotación sólo incluye "los sobres" y el dinero transferido al desarrollo rural, pero aparte habría que añadir lo obtenido según los viticultores que se acojan al arranque y otros ajustes de la OCM.

Ya dentro de los "sobres" una victoria para los principales vitivinícolas (Francia, Italia y España) ha sido lograr que puedan otorgarse apoyos que en principio Bruselas quería suprimir: la destilación de crisis, las primas al mosto y las ayudas a la destilación para alcohol de uso de boca (para brandy o licores).

En el caso de este último, un apoyo más específico para el sector español, la UE ha decidido que las primas que ahora se otorgaban a los destiladores vayan a los productores que quieran destinar su vino a la fabricación de espirituosas.

Pasados los cuatro años, los apoyos se convierten en el pago único por superficie, que la UE aplica ya para una mayor parte de los sectores agrícolas pero que es novedoso para el viticultor.

Italia ha defendido una dura posición en la negociación, llegándose a enfrentarse con los otros dos Estados vinícolas, por sus reclamaciones sobre las primas al mosto.

Esto ha valido a los italianos un incremento de presupuesto y que la UE finalmente exija a los países que añadan azúcar al vino una menor graduación alcohólica, para contribuir a que utilicen mosto.

La propia comisaria de Agricultura, Mariann Fischer Boel, ha admitido que la reforma no es la que ella quería, aunque servirá para que progrese la producción de vino europea.

Durante este año y medio de negociaciones, el arranque de viñas que escandalizó al sector ha ido perdiendo protagonismo y el acuerdo final establece medidas sociales para promover el abandono voluntario de 175.000 hectáreas de viñedo en la UE, una extensión muy inferior a aquellas 400.000 hectáreas que sugirió la CE.

En un ámbito más técnico, la reforma simplifica las reglas sobre denominaciones de origen, permite un etiquetado más completo a los vinos de mesa, que podrán indicar la añada y variedad de uva y admite prácticas enológicas reconocidas internacionalmente.

Se trata de dejar la posibilidad de permitir para los caldos europeos métodos que ya están empleando otros competidores como Argentina, Chile o Australia.

Por otro lado, la CE ha cedido en su idea inicial de prohibir el añadido de azúcar (chaptalización) y acercar así las posturas de los estados del centro y norte de la UE.