La UE pide que la reforma pesquera incluya objetivos y plazos más flexibles

Los países de la Unión Europea pidieron hoy una mayor flexibilidad en los objetivos y plazos que plantea la radical reforma de la Política Pesquera Comunitaria (PPC) que propone Bruselas, destinada a recuperar los recursos y recortar la flota comunitaria.

El primer debate sobre la reforma, celebrado en un Consejo de ministros de Agricultura y Pesca al que asistió la conselleira de Mar de la Xunta, Rosa Quintana, puso de relieve que la mayoría de las delegaciones considera demasiado rígidos los términos previstos y aboga por facilitar la puesta en marcha gradual de las medidas.

España y Francia, los países que más se juegan en la negociación, insistieron durante el debate en que, en los términos actuales, la reforma podría provocar un grave impacto económico y social sobre el sector.

La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, dijo que España comparte con Bruselas el objetivo de lograr la sostenibilidad, pero subrayó que la misma debe entenderse "desde el punto de vista social, económico y medioambiental".

El debate de los ministros se centró en algunos de los elementos de la propuesta, como fijar el año 2015 para alcanzar unos "rendimientos máximos sostenibles" en las pesquerías.

Portugal y Malta reclamaron la introducción gradual de esa obligación, mientras que España abogó por retrasar las medidas en favor de los recursos a 2020.

La eliminación de los descartes (capturas no deseadas de peces que después, muertos, son arrojados al mar), otro de los puntos que plantea la reforma, motivó la inquietud de muchos países en cuanto a su aplicación práctica.

Bruselas propone un periodo transitorio en el que las poblaciones se incorporarían de manera progresiva a la obligación, empezando por el arenque, la caballa, o la anchoa, entre otras especies, a partir de 2014.

España denunció que los plazos que se contemplan en la propuesta de la Comisión para los descartes "no son realistas", mientras que Italia, Portugal, Bélgica o Malta pidieron la introducción de cambios, incluida la creación de un sistema voluntario o de incentivos para fomentar esas prácticas.

Los ministros hablaron también de la creación de un mercado de traspaso de cuotas pesqueras entre los barcos con más de 12 metros de eslora.

España está interesada en que se regule este tipo de traspasos de derechos de pesca, que ya se aplica en casos como el pez espada o el atún rojo y que ayuda a equilibrar las posibilidades de pesca y las capturas.

Sin embargo, al igual que otros muchos países, teme que el sistema pueda perjudicar a la pesca artesanal.

La conselleira de Mar de la Xunta incidió en la necesidad de estudios exhaustivos como el del boquerón para lograr un incremento del total admisible de capturas en el resto de las especies, pues investigaciones científicas constatan un aumento de la biomasa de esta especie, lo que permite aumentar su cuota en 26.730 toneladas, informa el Gobierno gallego en un comunicado.

Un buen número de delegaciones reclamó durante el debate que los estrictos criterios sobre sostenibilidad que se quiere aplicar a la pesca europea se extiendan a la pesca procedente de terceros países, que representa dos tercios del pescado que se consume en la UE.

La comisaria Damanaki indicó, después de escuchar a los ministros, que todavía queda "mucho trabajo por delante" para cerrar la reforma y aseguró que la Comisión también apoya la idea de lograr un "equilibrio" entre la sostenibilidad económica, social y medioambiental.

Damanaki se mostró abierta a hablar de calendarios o de la puesta en marcha gradual de las medidas, aunque consideró que 2015 es una fecha "viable" para lograr los rendimientos máximos sostenibles de las pesquerías.

Por otra parte, consideró una buena idea la petición de España de crear un instrumento especial para la gestión de las crisis, aunque advirtió de que para llevarla a cabo hace falta contar con el futuro presupuesto para la Pesca, que todavía no se conoce.

El debate de hoy es el inicio de una negociación entre las instituciones europeas que se prolongará durante 2012 con la idea de que la nueva PPC se apruebe en 2013.