Última oportunidad para el Cabanyal

El Cabanyal, en Valencia, no es un barrio como los demás. No sólo porque su entramado urbano, derivado de la alineación de las antiguas barracas de pescadores, está protegido como Bien de Interés Cultural (BIC). Ni porque todavía se pueda ver en verano algo tan escaso en las grandes ciudades como gente tomando el fresco en las calles. Ni porque sus casas bajas, típicas de pescadores, rompan la rutina de las grandes infraestructuras, restaurantes y dúplex que dibujan las playas del norte de Valencia. Más allá de su encanto, la razón que hace a esta zona diferente es un conflicto que desangra el barrio desde hace 11 años.

El protagonista es el Ayuntamiento valenciano, que aprobó en 1998 un plan urbanístico que establece el derribo de 1.660 viviendas para la prolongación de una gran avenida hasta el mar. El otro frente de batalla lo forma un grupo de vecinos que ha establecido una resistencia numantina al proyecto que supondría, dicen, un destrozo irreparable del patrimonio. El equipo de gobierno municipal de Rita Barberá (PP) lo llama progreso. Los vecinos afectados, especulación.

Un viraje inesperado Salvem el Cabanyal acusa al Consistorio de permitir la degradación para comprar barato  

El último capítulo de la pelea es una sentencia del Tribunal Supremo (TS), fechada el 25 de mayo, que obliga al Ministerio de Cultura a decidir si el plan municipal supone o no un expolio patrimonial. La decisión abre un nuevo camino para la salvación del barrio, después de más de una década en la que los vecinos han emprendido multitud de procesos judiciales que, pese a suponer en muchos casos la suspensión temporal del proyecto, han desembocado en sentencias favorables al Ayuntamiento.

El Consistorio niega que la sentencia del Alto Tribunal tenga efecto sobre la legalidad del plan y ya ha anunciado que agilizará los derribos. La percepción es bien distinta en el barrio, donde la decisión del TS fue recibida con botellas de cava. La sede de Salvem el Cabanyal, plataforma formada por vecinos y por artistas, arquitectos, escritores y un sinfín de personas que a lo largo de estos años se han ido sumando a la causa, fue un hervidero de alegrías. Quienes han resistido a la presión municipal y no han vendido sus casas al Ayuntamiento brindaban e ideaban nuevas fórmulas de resistencia.

Para adquirir las casas que prevé demoler, el Ayuntamiento ha evitado la expropiación y ha optado por la compra negociada. Según el Consistorio, es un gesto de generosidad y diálogo. Según la plataforma, es una manera de pagar menos porque un vecino expropiado puede recurrir y obtener un precio justo. Los datos le dan la razón: el Consistorio paga entre 450 y 930 euros por metro cuadrado mientras que el precio de mercado, según inmobiliarias consultadas, oscila entre 1.100 y 2.200 euros.

El Ayuntamiento anuncia que acelerará los derribos y sostiene que las urnas le avalan  

A pesar de estos precios, en 10 años son muchos los propietarios que han tenido que claudicar y vender, porque la zona destinada a la ampliación de la avenida ha sufrido un profundo deterioro. Los vecinos ven cómo las calles en las que se criaron se convierten en un paisaje dominado por la suciedad. Las casas abandonadas y posteriormente ocupadas por familias sin recursos se alternan con solares sin vallar. El resultado es que una persona sitiada por la basura y el tráfico de drogas tiene pocas posibilidades de elegir: o vende barato, o sigue viviendo entre la degradación.

Una de las vecinas que han optado por vender, Francisca Hernández, resume su decisión: "Mi casa se llenó de cucarachas, tenía que saltar hogueras para llegar al portal, el piso se caía a trozos, ¿cómo podía pedir más dinero por eso?". Francisca considera que el Ayuntamiento ha sido justo porque le ha comprado el piso y, además, le ha ayudado a negociar una hipoteca "muy asequible" para un piso de protección oficial. Para ella, el Consistorio le ha salvado de la degradación. Pero la plataforma denuncia que es precisamente el Ayuntamiento el que permite la suciedad y la ocupación de las viviendas por parte de familias marginales. Es "un acto devastador del barrio, una manera de coaccionar a los vecinos, de obligarlos a que se vayan", según Maribel Doménech, de Salvem el Cabanyal. La prueba es que en estos 11 años, el Consistorio no ha cumplido su promesa de rehabilitar el barrio, denuncia Vicent Gallart, arquitecto y miembro del colectivo. En total, según fuentes municipales, el Ayuntamiento ha acometido 43 rehabilitaciones. El dato contrasta con las compras de casas para demoler, que alcanzan las 260.

Los vecinos hablan de expolio. La pelea dura ya 11 años y sigue la resistencia

El Cabanyal no es un barrio como los demás. Por eso, el visitante comprobará que no es una zona marginal al uso o, al menos, que se resiste con uñas y dientes a serlo. Entre los inmuebles abandonados emergen casas rehabilitadas, pintadas de colores a la manera tradicional; amas de casa acuden con tozuda normalidad al mercado; hay adolescentes que vuelven de clase de música y, sobre todo, un sinnúmero de carteles cuelgan de las ventanas: "No se vende".