Primero fueron los barrenderos y jardineros, que mantuvieron una huelga de 13 días dejando las calles de Madrid inundadas de basura. Después los técnicos del alumbrado, cuyo paro indefinido sumió en la oscuridad barrios enteros durante varias noches. Los siguientes pueden ser los basureros, y ante las consecuencias de una huelga en la recogida de residuos sólidos urbanos (RSU), los sindicatos y grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid ya han dado la voz de alarma.

A pocos días para que el contrato público de recogida de basura en 14 distritos de los 21 distritos de Madrid cumpla su vigencia, y el Ayuntamiento que rige Ana Botella aún no ha decidido que empresa o empresas tendrán la nueva concesión durante los próximos 13 meses. Aunque fuentes del consistorio aseguran a Público que, de no tomarse una decisión antes del plazo, éste puede prorrogarse incluso de manera "forzosa" hasta un mes después.

Posible recorte del 10,7%

Las compañías que compiten por la adjudicación son las mismas a las que tanto el Gobierno de la Comunidad como el ayuntamiento pagan cada año miles de millones por la gestión de diferentes servicios públicos: las constructoras FCC (actual concesionaria), Urbaser (del grupo ACS), Cespa (de Ferrovial), Valoriza y Sacyr.

Al igual que en los megacontratos millonarios, la oferta económica que presenta cada empresa tiene un peso del 65% sobre la decisión final de los técnicos del ayuntamiento, por lo que lo normal hasta ahora ha sido que la compañía que haga la oferta más ventajosa económicamente -la que lo haga por menos dinero- es la que se hace con la concesión. El problema estriba en que, a menudo, como ocurrió con los barrenderos y jardineros, ese ahorro para las arcas de la ciudad acaba recayendo sobre los puestos de trabajo, las condiciones laborales y los convenios colectivos de los empleados, aunque también de forma literal sobre algunos ciudadanos, como las dos víctimas mortales por el desprendimiento de ramas del arbolado urbano este verano.

La actual concesionaria ha pujado con un recorte del 0,7% y asegura que el "imposible" prestar el mismo servicio por menos dinero

En esta ocasión, la oferta más reducida es la de UTE formada por Cespa y Urbaser, que reducen el precio del servicio un 10,7% al inicial (76,9 millones de euros), unos nueve millones menos según fuentes sindicales. Una oferta que contrasta con la realizada por la actual concesionaria, FCC, cuyo recorte al presupuesto de licitación ha sido del 0,7%.

En un comunicado, la veterana constructora considera "imposible" realizar el servicio, estimado en la recogida de 700.000 toneladas de residuos sólidos, con menos presupuesto que ese. La otra oferta por el contrato, realizada por la UTE formada por Valoriza y Sacyr es aún más conservadora, con un bajada del 0,36%.

El Ayuntamiento intenta tranquilizar

Tanto el delegado de Medio Ambiente en el Ayuntamiento, Diego Sanjuanbenito, como otras fuentes del consistorio aseguran que, pese a la reducción del presupuesto, ni la calidad del servicio ni los puestos de trabajo del personal de RSU están en peligro, y que la situación es bien diferente a la del contrato que propició la huelga en limpieza viaria por varias razones.

La primera es que los pliegos de condiciones de la adjudicación exigen que se mantenga el mismo personal y medios materiales que en el actual contrato. Por otra parte, explican fuentes del Ayuntamiento, el presupuesto es una estimación basada en el tonelaje de residuos que se recogerán en 13 meses, ya que se paga un pecio cerrado por tonelada recogida. Según explican, este preció alcanza los 107 euros por tonelada, un 24% más que el actual.

Los sindicatos desconfían

Pero el mensaje del personal de Ana Botella no tranquiliza ni a la oposición ni a los trabajadores. El Karim Riabi, responsable de Saneamiento Urbano de CCOO de Madrid, espera que no haya  problemas, pero no termina de fiarse del delegado de Medio Ambiente. Para el sindicalista, "la cronología de hechos es muy similar a la de hace un año, con la del contrato de limpieza viaria y jardinería", cuando el Ayuntamiento negó que fuera a haber despidos o a disminuir la calidad del servicio y, finalmente, se convocó una huelga indefinida con los tres EREs en sendas nuevas empresas concesionarias.

"Los antecedentes no nos hacen ser muy halagüeños" advierte CCOOPara Riabi, no puede ser cierto que reduciendo el presupuesto no haya cambios, más aún teniendo en cuenta que "el tonelaje de residuos se ha reducido de forma notable desde el comienzo de la crisis", apunta. "Si la empresa adjudicataria respeta los puestos de trabajo y las condiciones laborales de los empleados, no habrá problemas, pero los antecedentes no nos hacen ser muy halagüeños", añade.

Puede que se subrogue a todos los trabajadores, pero las posibilidades de un recorte salarial o de horas de trabajo planean sobre ellos. El punto caliente de este proceso llegará el 1 de enero de 2015, cuando se vuelve a negociar la renovación del convenio colectivo de estos empleados. "Sabemos que si se recorta un 10,7% pueden aprovechar la negociación para dar el bocado que necesiten", augura Riabi, que no quiere decir la palabra "huelga", pero, junto con el sindicato mayoritario en el sector, UGT, están dispuestos a llevarla a cabo.

Grupos políticos de la oposición en el consistorio como el PSOE e Izquierda Unida ya debatieron sobre este contrato en el pleno de la semana pasada. Reconocen las diferencias con el contrato de los barrenderos, pero tienen más dudas que certezas sobre las condiciones laborales y sobre la suciedad de la capital.

Lissavetzky: "Botella debería recapacitar en su última etapa al frente del Ayuntamiento"Para el portavoz municipal del PSOE en el Ayuntamiento, Jaime Lissavetzky, no es descabellado encontrarse con una huelga de recogida de basuras, con "efectos mayores que los de la de limpieza". Asegura a Público que "el perjudicado es siempre el madrileño, que paga más impuesto y obtiene peores servicios", por lo que insta a Botella a "recapacitar en su etapa final" como alcaldesa porque, "tal y como está planteado el contrato es imposible que no haya,al menos, una reducción en el número de horas de recogida de basura".

El más por menos

"El más por menos siempre recae sobre la espalda de algunos", recuerda el socialista. Y, para muestra, el caso de los jardineros y los barrenderos que, un año después de que se adjudicara el megacontrato, tienen 45 días de desempleo forzoso al año, además de otros cambios en sus condiciones. El resultado es que la ciudad está más sucia porque hay menos personas cuidándola.

La huelga acabó resolviéndose al decimotercer día, pero Riabi quiere dejar claro que las huelgas no son un capricho y, "si alguien puso una solución a aquella, fueron los empleados, que ahora trabajan 45 días menos al año".

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