Dice el refranero popular que entre la realidad y la ficción solo existe una delgada línea; aunque también añade que, en algunos casos, la realidad supera a la ficción. De tener que elegir, en el del Valencia CF habría que atenerse a lo último. Porque si el autor que llegó más lejos ideando una farsa sobre la instrumentalización política de este club fue el escritor Ferran Torrent con su novela Sociedad Limitada en 2002, el episodio conocido esta semana del presunto intento de secuestro de uno de los expresidentes del Valencia por parte de su predecesor en el cargo supera definitivamente cualquier guión.

Sin embargo, Torrent no iba del todo desencaminado en el argumento que servía de esqueleto a aquella trama: un Valencia CF (VCF), en manos de un personaje populista, podría ser una plataforma política excelente y por ella se peleaban sus personajes. El fallo (provisional, como veremos) del pronóstico del autor fue que, mientras en la novela era su protagonista, el empresario Juan Lloris -inspirado en Paco Roig-, el que aspiraba a la Generalitat previo paso por el palco de Mestalla, en la vida real fue Francisco Camps el que, para ejercer de amo del equipo, se deshizo del populista expresidente del club.

Fue con ese movimiento como empezó para la sociedad anónima deportiva (SAD) Valencia CF el hundimiento económico en el cuál se encuentra, que a su vez se tradujo en una gris deriva deportiva, alejada de los picos de éxito inmediatamente anteriores a la intervención del club por parte del entonces presidente de la Generalitat valenciana y presidente autonómico del PP, Francisco Camps.

Camps se deshace de Paco Roig

Corría el año 2003, cuando, tras empalmar el Valencia CF una serie de años consecutivos de triunfos, su por entonces máximo accionista, Paco Roig, que había abandonado la presidencia del club unos años atrás para generar una relativa paz social, decidió que había llegado la hora de retomarla. Paco, empresario de la construcción y hermano mayor de los también empresarios Juan (Mercadona) y Fernando (Pamesa) Roig, no parecía tener su talento en los negocios, pero con una mezcla de populismo folclórico había dotado al club de una ambición (su presidencia la englobó bajo el lema "per un València campió") que de una manera u otra acabó fructificando.

Sin embargo, todo ese éxito -la primera Copa del Rey en años, las dos finales de Champions League consecutivas, dos títulos de Liga, y una Copa de la UEFA- se obtuvo con él alejado del palco. Y cuando en 2003, Paco Roig decidió emprender el camino de regreso al mismo, la aparición de otros actores con su misma ambición, le llevaron a participar en una compra masiva de acciones de la SAD. La lucha por la mayoría accionarial fue encarnizada y descabellada (los candidatos llegaron a pagar a los accionistas 600 euros por título), pero cuando todo parecía apuntar a que los accionistas confiaban más en Roig que en el principal competidor -que por entonces era la misma junta directiva del club- un intermediario más poderoso entró en escena para arrimar el ascua a su sardina. E iniciar la deriva actual del VCF.

Francisco Camps, quién sabe si lector de Ferran Torrent, no veía con buenos ojos que Roig presidiera de nuevo el club de sus amores, pero en cambio no consideró inoportuno que una persona en su posición -la presidencia de la Generalitat Valenciana- interviniera en la SAD para determinar su futuro. De ese modo, tras enviar a Esteban González Pons y Rafael Blasco en nombre de la Generalitat, convenció a Roig de que vendiera sus acciones a la persona por él elegida, el empresario de la construcción Bautista Soler; que desembolsó 31,6 millones de euros por las 31.000 acciones de Roig, y a su vez delegó el juguete del Valencia CF en su hijo, Juan.

Comienza la debacle

Que la nueva dirección del VCF y el PP valenciano viajaban en el mismo barco se notó prácticamente de inmediato. Si la intervención de Francisco Camps en el cambio accionarial del club no había sido en absoluto disimulada, tampoco Juan Soler parecía dispuesto a ocultar su sintonía con las fuerzas vivas del PP. Así, tan pronto el club se veía beneficiado por ventajosas decisiones de las administraciones local (Rita Barberá) y autonómicas -recalificaciones y permutas de terrenos para la SAD calificadas como "pelotazos" por el propio Soler-, como el PP veía como el presidente del Valencia lanzaba al club y a sus seguidores contra los partidos de la oposición que ponían en duda el rumbo de los acontecimientos.

Sin embargo, la alegría en los despachos no iba a la par que la deportiva. Las primeras decisiones del nuevo consejo en ese terreno no derivaron en nuevos éxitos y tampoco su política de fichajes, en la que el club parecía comportarse como un nuevo rico, fichando jugadores por encima de los precios de mercado. El desajuste era tal, que a pesar de "los pelotazos", la deuda del club empezó a dispararse, pasando de los 130 millones de euros de principios de 2004 a más de 400 en el ocaso de la era Soler. Así, por mucho que la Generalitat ponía al servicio del club todos los instrumentos a su alcance -destacando una Bancaja que avaló todas las operaciones de la SAD, y el ente RTVV (según los datos a los que ha tenido acceso Esquerra Unida en los últimos meses, el VCF habría recibido no menos de 145 millones de euros entre avales y derechos de emisión de la televisión valenciana)- todo parecía apuntar a que su "intermediario" en el club les había salido rana.

Wolstein y Soriano no lo arreglan

Ante esta situación, la primera solución de Francisco Camps fue aplicar un parche y el elegido para ejercer ese papel fue Jesús Wollstein, ex director de Radio 9 y marido de la diputada del PP Marta Torrado, que entró en el club como director de comunicación, aunque su función era ejercer de topo de la Generalitat. Con él dentro, finalmente se obligó a Juan Soler a renunciar al cargo y dejarlo provisionalmente en manos de Agustín Morera, aunque el hombre que contaría unos meses después con el beneplácito del gobierno valenciano y del máximo accionista fue el vicepresidente del club, Vicente Soriano; un hombre económicamente acomodado que había amasado su fortuna a lomos de la burbuja inmobiliaria.

Pero Soriano, una vez en el cargo, en lugar de deshacer la senda de su predecesor, emprendió una deriva propia, aumentando aún más la deuda del club y cosechando los mismos irregulares resultados deportivos (en todo este lapso, el equipo ganó una Copa del Rey, pero no se celebró por coincidir en el tiempo con un momento en el que peligraba su permanencia en la primera división de la Liga). Para entonces el Valencia CF ya era un juguete roto, pero Soriano tampoco quería renunciar a él, y tras haber maquillado de la mano de Wollstein las cuentas del club con la firma de un patrocinador ficticio (Valencia Experience, una empresa inexistente a juego con los eventos fatuos que por entonces patrocinaba la Generalitat de Camps con dinero público), trató de prorrogar su presidencia con la compra a Juan Soler de su paquete accionarial y el anuncio de la aparición de una oferta de compra del club con un inversor -Inversiones Dalport- de dudosa credibilidad.

Pese a ello, Francisco Camps aún remitió a Rafael Blasco (el exconseller que espera actualmente la sentencia del primero de los juicios del Caso Cooperación) a valorar la posible operación. Y ante el riesgo evidente de que todo no fuera más que una estafa y aprovechando la necesidad de la SAD de obtener liquidez, se impulsó una ampliación de capital para dejar a Soriano en minoría.  Los socios no respondieron y la Generalitat intervino de nuevo, avalando a través de Instituto Valenciano de Finanzas a la Fundación Valencia CF la compra de la mayoría accionarial.

Tras la operación, y con las acciones habiendo visto reducido su valor a poco más de 50 euros por título, Soriano abandonaría la presidencia. Eso sí, sin haber hecho efectivo hasta el día de hoy el montante de los pagarés con los que compró sus acciones a Juan Soler. Una deuda que, al parecer, constituye el móvil de su presunto intento de secuestro.

En manos de Bankia

A partir de entonces la actividad en los despachos del VCF ya fue más tranquila, aunque las razones son evidentes. Con Bancaja y su sucesora Bankia intervenidas por el Estado, y el club fuertemente endeudado con estas entidades (la deuda de la SAD llegó a alcanzar los 550 millones de euros), fue el banco el que tomó las riendas del Valencia y el que ha aprobado cada cambio en su dirección y gestión.

Fue así como el Valencia CF empezó a vender a sus mejores jugadores y a realizar una gestión más discreta, lo que redujo la deuda y posibilitó que los intereses se fueran pagando siempre puntualmente. Sin embargo, cuando la Fundación VCF no pudo hacer frente a los primeros plazos del crédito de la compra de sus acciones y la Generalitat renunció a asumir la propiedad del accionariado, Bankia emprendió el proceso de venta del club. Una venta que precisamente la pasada semana llegaba a uno de sus puntos decisivos: la publicación de las ofertas recibidas, antes de la resolución del comprador definitivo.

Y es llegado este punto, curiosamente, cuando el novelista Ferran Torrent puede de nuevo presumir de profeta. Pues, como el mismo protagonista reveló la pasada semana de viva voz, Alfonso Rus, el populista presidente provincial del PP valenciano, presidente de la Diputación de Valencia, y principal voz crítica interna a la gestión de Alberto Fabra, podría ser el próximo presidente del VCF de resultar compradora una de las dos ofertas recibidas por Bankia que le postulan para ese cargo (de las siete que se presentaron).

Se daría así la paradoja de que Francisco Camps habría retirado la presidencia del club para eliminar a un presidente populista que le hiciera sombra; para que finalmente un personaje de similares características -Rus es el político valenciano que llamó "gilipollas" a los profesores al tiempo que hacía gala de su incultura o anunció que una victoria electoral se celebraría con "champán y mujeres" - acabara haciendo sombra al presidente de la Generalitat. En cualquier caso, el juguete del Valencia CF, seguiría en manos de alguien del Partido Popular.