Varela admite a trámite la recusación de Garzón

El magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela, quien instruye una causa en contra de Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo, ha admitido a trámite la recusación en su contra presentada por el juez de la Audiencia Nacional, según informó una portavoz del alto tribunal.

Varela ha solicitado a las partes que se pronuncien sobre esta recusación en el plazo de tres días, tras lo que, junto con un informe del propio recusado, elevará estos escritos a la Sala de lo Penal, que será la que decida sobre el incidente, dijo la portavoz.

La Sala deberá nombrar a otro magistrado instructor para que resuelva este recurso, por lo que ahora se abre un plazo de alrededor de dos semanas hasta que se acepte el recurso de Garzón o por el contrario se rechace y Varela siga siendo el responsable de la instrucción.

El primer efecto de esta admisión a trámite es que de momento Varela se aparta provisionalmente del caso y no podrá resolver sobre la apertura del juicio oral contra Garzón, decisión que era inminente y que hubiera determinado la suspensión cautelar del juez imputado.

Garzón recusó la semana pasada a Varela por considerar que había manifestado parcialidad y un interés indirecto en el procedimiento, por guiar a las dos acusaciones populares.

Varela había dado un plazo de 24 horas a Falange Española de las Jons y al sindicato derechista Manos Limpias para que subsanaran unas irregularidades de sus escritos de acusación. Transcurrido el plazo, Falange se cayó del proceso por no presentar las modificaciones a tiempo, pero sí siguió adelante la acusación de Manos Limpias.

El Ministerio Fiscal no está de acuerdo en la apertura del juicio oral contra Garzón, por considerar que las partes que le acusan no tienen legitimación procesal para ello.

Si se acaba archivando la investigación de Varela por considerar que éste no ha sido imparcial, el proceso no se acabaría, porque se nombraría a otro juez para llevarlo.

Garzón acusó al general Francisco Franco y a otros miembros de su Gobierno de la desaparición de miles de personas durante la Guerra Civil y la posguerra, en un proceso en el que autorizó la exhumación de fosas comunes, aunque luego se inhibió ante los tribunales provinciales para que estos decidieran.

El proceso a Garzón ha generado protestas y manifestaciones en diversas ciudades españolas, y también ha sido una fuente de enfrentamiento entre el Gobierno y el Partido Popular, que acusa a los socialistas de intentar "reabrir las viejas heridas" y de alentar actos antidemocráticos por cuestionar el funcionamiento de la justicia.