La mayoría de los clientes de las consultoras vinculadas al ex portavoz adjunto del Partido Popular en el Congreso Jesús Merino, que renunció a su escaño en abril por su imputación en el caso Gürtel, había cerrado antes operaciones económicas con miembros de la trama o con imputados en la causa.

Según un informe de la Agencia Tributaria incorporada al sumario del caso Gürtel, los despachos vinculados a Merino o a su esposa ingresaron 8,4 millones de euros más IVA entre 2002 y 2008, todos declarados a Hacienda. El documento detalla operaciones con una decena de empresas, la mayoría de las cuales ha tenido trato con la trama.

Un portavoz de Merino subraya que todos los cobros son legales

Un portavoz del despacho que Merino compaginó con su tarea de diputado una posibilidad legal si no afecta a temas relacionados con la actividad parlamentaria asegura que todos los ingresos fueron por asesorías sin relación con el Congreso ni con la trama Gürtel y declaradas a Hacienda. Merino siempre ha negado su vinculación a la trama. El fiscal pidió su imputación porque en la caja B del grupo de Francisco Correa aparece en 2007 un pago de 50.000 euros a "Jesús Merino Serrano 50".

Castilla y León

Una de las empresas de Merino se llama Serrano 50 Global Consulting. Entre 2004 y 2007, el ex diputado facturó 1,2 millones a Fomento Territorial, consultora que gestionó dos polémicas operaciones urbanísticas en Castilla y León La Rosaleda, en Ponferrada, y Segovia 21,en las que también participó el constructor José Luis Ulibarri, imputado en el caso Gürtel. Este, a su vez, pagó en 2008 a través de Aralia 52.000 euros a Fuentelavanda, administrada por la esposa de Merino.

Tres clientes hicieron negocio en Pozuelo con Sepúlveda

Serrano 50 Global Consulting, que en 2007 abonó 50.000 euros al ex tesorero del PP Luis Bárcenas, también imputado, ingresó asimismo en 2006 un total de 296.000 euros de Enercorr XXI. Esta empresa impulsó Langa Duero Enercorr XXI, un proyecto al que en 2001 se sumó Spinaker, empresa clave en el blanqueo de capitales de la trama, administrada primero por Luis de Miguel y luego por Pablo Crespo, lugarteniente de Francisco Correa. En 2004, Spinaker aún conservaba el 10% de las acciones de este proyecto conjunto.

En el auto en que el Supremo admitió la causa contra aforados nacionales, en junio de 2009 en aquel momento, Merino lo era, en tanto que diputado la jueza hizo constar que en el informe de Hacienda "no se refieren datos concretos que permitan la imputación de una conducta ilícita". El informe se limitaba a divulgar un listado de los clientes sin investigar las eventuales conexiones con la trama.

Operaciones en Pozuelo

Varios de los clientes de Merino cerraron también operaciones en Pozuelo durante los años en que Jesús Sepúlveda, imputado en la Gürtel, era alcalde. Sepúlveda fue socio de Merino y Bárcenas en Astrolago de Inversiones, sociedad disuelta en 2008 que nunca declaró actividad.

Algunas de las operaciones en Pozuelo fueron denunciadas en su día por la oposición socialista como "pelotazos" o "poco claras". Por ejemplo, la compra a Sigla SA por parte del consistorio del centro comercial El Torreón por 19,1 millones de euros en 2005. Entre 2005 y 2007, Sigla SA declaró pagos a Merino por un total de 477.000 euros a través de Algaba Consultores, la sociedad de Merino que desde 2006 participaba también en Astrolago junto a Sepúlveda.

Sigla SA explicó a Público que los pagos fueron por consultorías que nada tienen que ver con la operación de El Torreón.

Otra operación polémica en Pozuelo fue la permuta de terrenos entre el Ayuntamiento y Parquesol a principios de 2005. La oposición advirtió de que el ayuntamiento salía perjudicado con el cambio al estar el terreno que recibía en una zona con menos potencial que la del que entregaba a esta empresa.

Entre 2004 y 2007, Parquesol abonó 354.595 euros a Everland, administrada por la esposa de Merino, quien está autorizado en una de sus cuentas. Parquesol declinó explicar los pagos al haber sido realizados antes de la entrada del Grupo San José en la empresa.

Finalmente, el Grupo Ortiz, que junto con Hispánica es la constructora que más trabajó con el Ayuntamiento de Pozuelo durante el mandato de Sepúlveda, pagó a las distintas sociedades vinculadas a Merino 2,1 millones de euros entre 2006 y 2008. Lo hizo a través de tres de sus sociedades: Compañía Internacional de Construcción y Diseño, Agrícola El Casar y Ortiz Construcciones y Proyectos.

El Grupo Ortiz es el único que ha detallado a Público los motivos de los pagos: 375.000 por asesoría en la adquisición de Cosfesa, empresa de servicios ferroviarios; 202.000 por una asesoría para un proyecto de energía renovable en Badajoz; un millón por la compra de una finca con viñedos en Gumiel de Izán (Burgos), propiedad de Algaba Consultores, y 529.000 euros por asesoría en la compra de dos empresas eléctricas en Guadalajara.

Pagos en la caja B

Otro de los clientes de Merino que tuvo relación con la trama es Sufi SA. Esta empresa, especializada en medio ambiente, logró importantes contratos en Boadilla del Monte y Majadahonda, el epicentro de la trama en Madrid, ya sea en solitario o en UTE con Aqualia.

Directivos de Sufi y Aqualia aparecen supuestamente aportando ingresos a la caja B del grupo de Francisco Correa en 2002, según la documentación que se incautó la policía en el pen drive del contable: Gonzalo Naranjo, cuya familia controlaba entonces Sufi, 157.000 euros en febrero; Enrique Carrasco (Aqualia), 105.000 euros en enero.

Los pagos de Sufi a empresas de Merino declarados a Hacienda sumaron 429.172 euros entre 2004 y 2007 y se realizaron a través de Everland, administrada por la esposa del ex diputado.

La empresa forma parte hoy de Sacyr Vallehermoso y los actuales gestores declinaron explicar los pagos a Everland al realizarse todos antes de su adquisición de la compañía, en 2005.

De Castilla y León al ‘aparato' de la calle Génova

Conexión con Sepúlveda

La relación de Jesús Merino y Jesús Sepúlveda, ambos imputados en el ‘caso Gürtel', es muy estrecha desde hace más de 20 años. Sepúlveda era entonces gerente del PP de Castilla y León, y su esposa, Ana Mato, jefa de Gabinete del presidente de la Junta, José María Aznar. En 1991, con Aznar ya instalado en Madrid, Merino fue nombrado consejero de Fomento por Juan José Lucas. En la siguiente década, Merino y Sepúlveda coincidirían de nuevo en el aparato de Génova . Los dos formaron parte de la ejecutiva y del comité electoral nacional. La esposa de Merino, Ana Isabel Gutiérrez, era la abogada familiar del matrimonio Sepúlveda-Mato.

Vínculo con Bárcenas

En 2006, ni Sepúlveda ni Merino estaban ya en el ‘aparato' de Génova. El primero era alcalde de Pozuelo y el segundo, diputado. Ambos impulsaron junto con Luis Bárcenas, entonces tesorero del PP, Astrolago de Inversiones. La sociedad no declaró jamás actividad y fue liquidada formalmente en 2009, tras el estallido del ‘caso Gürtel', aunque en la práctica se había disuelto ya en 2008. Sus promotores aseguran que se creó para una inversión concreta que nunca llegó a materializarse.

Pagos en la caja B

Varios informes policiales del sumario 'Gürtel' consideran que Sepúlveda, Merino y Bárcenas aparecen como receptores de fondos en la caja B de la trama. Según la policía, Merino y Bárcenas recibían supuestamente el dinero siempre la misma fecha. Los dos rechazan haber recibido fondos de la trama. La última vez que Merino aparece supuestamente en el listado de la caja B es en 2007, donde consta el pago de 50.000 euros para "Jesús Merino Serrano 50". Una de las consultoras que Merino ha compaginado con su trabajo de diputado -una posibilidad legal si no afecta a la tarea parlamentaria- es Serrano 50 Global Consulting.

Dimisión

Jesús Merino ha ido renunciando a todos sus cargos políticos por su vinculación con el ‘caso Gürtel', siempre con mayor celeridad que Bárcenas. En 2009, dimitió como portavoz adjunto del PP en el Congreso y, el pasado abril, dejó el carnet del partido y abandonó el escaño con el objetivo, dijo, de demostrar su inocencia. Con su dimisión, dejó de ser aforado y su investigación recae en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.