En la línea del PSOE, empeñado en transmitir tranquilidad frente al aumento de derrotas del partido en el Congreso, ayer la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, negó que el Gobierno esté preocupado por la fragilidad parlamentari a del grupo que respalda al Ejecutivo. 'En el Gobierno no estamos preocupados sino ocupados', dijo para reivindicar la acción de su gabinete.

'Buscar consensos'

La número dos del Gobierno calcó el discurso del portavoz parlamentario socialista, José Antonio Alonso, y afirmó que la situación no ha cambiado. 'Llevamos cinco años buscando el máximo consenso en cada iniciativa. Siempre ha sido y será así, también a partir de ahora', soltó a modo de explicación. Y continuó: 'En unas ocasiones se aprobaron con el voto de unos grupos y en otras con el de otros'.

En su empeño por exhalar confianza negó incluso la evidencia. De la Vega rechazó que el PSOE perdiera el jueves ninguna votación. Para evitar quedar en minoría, los socialistas se unieron al resto de fuerzas y obligaron al Gobierno a tramitar el decreto sobre la fusión de televisiones como proyecto de ley.

La vicepresidenta también desmintió la noticia de El País que aseguraba que De la vega había recriminado el miércoles a los secretario de Estado su inactividad'. Al contrario, la portavoz, puso el Consejo de Ministros de ayer como ejemplo de la actividad gubernamental, que como todos desde hace cinco años estaba 'repleto de iniciativas'. Tanto la actividad como el ánimo del Gobierno están en su 'umbral máximo', defendió.

De la Vega negó rotundamente que en la reunión hubiese espetado a los secretarios de estado que no eran 'consientes de la situación que atravesamos'. 'Yo no he dicho eso', aclaró tajante.

'No faltará agua'

La rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros dio para más. De la Vega lanzó un mensaje sobre las discrepancias que sobre la caducidad del trasvase Tajo-Segura mantienen los dos grandes grupos y que amenaza con hacer naufragar el estatuto de Castilla-La Mancha en el Congreso de los Diputados. Prospere o no la ley, el Gobierno garantiza que 'a ningún ciudadano le va a faltar el agua' resida en la comunidad que resida.