De la Vega retoma la reforma constitucional y propone modificar la ley electoral

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha vuelto a proponer hoy en el Congreso la necesidad de lograr una reforma "pactada y limitada" de la Constitución y ha anunciado además que promoverá una subcomisión en la Cámara para estudiar la reforma de la ley electoral.

De la Vega, en la primera comparecencia de un miembro del nuevo Gobierno, ha explicado en la Comisión Constitucional que el Ejecutivo solicitará de forma inmediata al Consejo de Estado un informe sobre la Ley Orgánica del Régimen Electoral (LOREG) para entregarlo a la subcomisión como herramienta de trabajo.

Esa subcomisión, en el seno de la Comisión Constitucional, estaría encargada de debatir y evaluar "posibles cambios" basados siempre, ha advertido, en el mayor consenso posible.

La vicepresidenta, que ha comparecido para exponer los objetivos del Gobierno para la nueva legislatura, ha reiterado también el deseo de lograr consensuar, esta vez sí, una reforma constitucional "necesaria, justificada y demandada" en cuatro puntos.

Convertir el Senado en una verdadera Cámara de representación territorial; incorporar la denominación de las Comunidades Autónomas; garantizar la igualdad de género en el acceso a la Jefatura del Estado; e introducir el proceso de integración europea.

De la Vega ha anunciado además que el Gobierno revisará la ley orgánica de Libertad Religiosa para avanzar en la "laicidad" del Estado, adecuar la norma al pluralismo actual y garantizar el ejercicio del derecho fundamental de la libertad de conciencia.

Por otra parte, se ha comprometido a abordar el desarrollo reglamentario de la ley de la Memoria Histórica y de la que restituyó a los partidos los bienes incautados durante la Guerra Civil y ha reiterado la promesa de aprobar una ley integral para la Igualdad de Trato.

En este contexto, ha avanzado que el Gobierno presentará antes de que finalice el año un "plan de derechos humanos", documento que, según ha explicado, impulsará la actuación de los poderes públicos en este campo.

De la Vega ha asegurado que el Gobierno permanecerá atento a toda vulneración de los derechos y ha citado en concreto el derecho al aborto, tras los casos de mujeres que han visto peligrar el derecho a la intimidad o el convenio que permite a religiosos formar parte del comité de ética de cuidados paliativos de los hospitales públicos.

En política territorial, ha apostado por perfeccionar el Estado de las Autonomías, institucionalizando la Conferencia de Presidentes y convirtiendo a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos en un actor fundamental.

"Pasaron los tiempos de la reivindicación, pasaron los tiempos de la confrontación", ha manifestado de la Vega, quien ha anunciado que todos los proyectos normativos incorporarán un "informe de impacto autonómico".

Junto a esta cuestión, ha apostado por basar la relación entre el Gobierno y el Parlamento en el diálogo, el consenso y la responsabilidad y ha reiterado la necesidad de renovar los órganos constitucionales.

"Creo que existen renovaciones que resultan ya inaplazables o, si lo prefieren, hay interinidades que resultan ya inexplicables", ha subrayado.