Veinte detenidos y desarticulada una red que vendía falsos contratos de trabajo a inmigrantes

Veinte personas han sido detenidas por su presunta implicación en una red que vendía falsos contratos de trabajo, al parecer, dirigida por un empresario de Toledo, que está detenido, así como su pareja y su hija, trama con la que se podría haber obtenido un millón de euros de beneficios.

Según ha informado hoy el Ministerio del Interior, la red utilizaba una veintena de sociedades pantalla, sin actividad real, para conseguir documentación, dar de alta a trabajadores y también para blanquear los beneficios obtenidos.

La red cobraba a los inmigrantes afectados entre 500 y 4.000 euros para obtener los documentos necesarios para su regularización en España y en el caso de ciudadanos españoles ofrecían lo necesario para acceder a prestaciones por desempleo y distintas subvenciones del Gobierno.

A través de la red de empresas montadas por esta organización se vendían contratos, nóminas, certificados de empadronamiento de distintas localidades y cualquier otro tipo de documentación que pidieran sus "clientes".

El grupo criminal desarticulado estaba perfectamente organizado y jerarquizado y a la cabeza se encontraban un empresario, su pareja sentimental y su hija, ambas al frente de la oficina desde la que se centralizaban las operaciones.

De igual modo, existía otro grupo de "socios" del principal investigado, con diversas sociedades a su nombre y dedicados tanto a captar nuevos compradores como a facilitarles todo tipo de información y cobrar por los servicios.

Para colaborar en la captación de clientes, se delegaba en ciudadanos extranjeros encargados de atraer a personas de su misma nacionalidad, por lo que percibían una comisión por persona captada y permitía que la organización dispusiese de intermediarios de nacionalidad marroquí, venezolana, guineana, nigeriana o colombiana.

Las cantidades pagadas por dicha documentación oscilaban entre los 500 y los 4.000 euros, en función del tipo de documentos y de la capacidad económica del comprador.

Los investigadores calculan el beneficio obtenido por la red en aproximadamente un millón de euros.

El empresario, cabecilla del grupo, disponía de su base de operaciones en la provincia de Toledo, aunque no figuraba ninguna propiedad inmobiliaria a su nombre.

Tomaba enormes medidas de seguridad, sobre todo en sus comunicaciones, de hecho, en el momento de su detención portaba consigo seis teléfonos móviles.

La operación, en la que han sido investigadas veinte sociedades, ha culminado con la detención de una veintena de personas y el registro de cuatro viviendas en Toledo.

La Policía Nacional ha intervenido varios sellos húmedos de diversos organismos oficiales como la Agencia Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social o de diferentes Ayuntamientos de la provincia de Toledo.

También se ha incautado de 28.000 euros en efectivo, más de un centenar de contratos de trabajo fraudulentos y una pistola del calibre 9 mm corto, entre otros efectos.

Las investigaciones han sido llevadas a cabo por el Servicio Central de Falsedades Documentales de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, la UCRIF de Alicante, la Brigada Central de Blanqueo de Capitales de la Comisaría General de Policía Judicial y la BPED de Madrid.