El Ejecutivo de Perú tiene un nuevo nombre: Javier Velásquez Quesquén. El político, que hasta ahora había sido presidente del Congreso, ha procedido al juramento para convertirse en el nuevo primer ministro del Gobierno de Perú.

Con su nombramiento, el presidente Alan García pretende cerrar la crisis que se inició el pasado 5 de junio, con los graves incidentes por la reapertura de una carretera en Bagua, que había sido tomada por indígenas en huelga y que derivó en la muerte de 24 policías y 10 civiles.

Tras aquellos hechos, el anterior primer ministro, Yehude Simon, no tardó en asegurar que presentaría su dimisión, promesa que cumplió el pasado miércoles cuando presentó su carta de renuncia.

La elección de Velásquez Quesquén para tomarle el relevo supone un cambio en la estrategia de García: de una persona de reconocida vocación de diálogo se pasa ahora a un hombre de partido que devuelve al Ejecutivo la autoridad perdida en los últimos meses.

Velásquez Quesquén, inscrito en las filas del Apra desde que cursaba derecho en la universidad de Lambayaque, es conocido por su mano dura al mando del Parlamento peruano, como demuestra la suspensión de 120 días de siete congresistas del Partido Nacionalista de Perú por protestar en el interior del hemiciclo.

Pero a pesar de sus diferencias, Simon y Velásquez Quesquén tienen un punto en común: su interés por la descentralización del país y un marcado toque regionalista.

La llegada de Quesquén al frente del Ejecutivo no ha sido el único cambio que ha querido hacer Alan García para dar por zanjada la crisis del pasado 5 de junio. El Gobierno cuenta con seis nuevos ministros, de los cuales tres son cercanos a su partido o militantes apristas.

Uno de los cambios más significativos es el esperado relevo en el Ministerio del Interior, cuya titular hasta hoy, Mercedes Cabanillas, también era señalada como una de las principales culpables de las muertes en los sucesos de Bagua. El nuevo titular de dicha cartera, el general Octavio Salazar, es también un hombre cercano al PAP, por lo que podría decirse que la remodelación del Gobierno deja en una situación privilegiada al partido aprista dentro del Ejecutivo.