Los familiares de las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet pidieron hoy a la Justicia chilena un juez con dedicación para hacerse cargo de el alrededor de un millar de presuntos casos de violaciones a los derechos humanos que no han sido investigados hasta ahora por los tribunales.

Así lo dijo a Efe Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), tras reunirse con el presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, a quien le hicieron la solicitud de un juez exclusivo.

Según Lira, ese juez se encargaría exclusivamente de unos mil casos, contenidos en 730 querellas que la AFEP presentó el año pasado y que en principio quedaron en manos del juez especial Mario Carroza.

Entre esas demandas de investigación figuraba la referida a la muerte del presidente Salvador Allende, que concluyó confirmando que el mandatario socialista se quitó la vida durante el golpe militar del 11 de septiembre de 1973.

También una querella para que se establezca cómo murió el poeta Pablo Neruda, días después del golpe de Estado liderado por Pinochet sobre la base de declaraciones del chófer del autor, que asegura que el Premio Nobel de Literatura 1971 no murió de cáncer sino que fue asesinado.

Hace algunas semanas, las autoridades judiciales decidieron distribuir esas querellas entre varios magistrados, a que se opone la AFEP, según aseguró Lira.

La dirigente valoró positivamente el encuentro con Ballesteros: "Le solicitamos un juez con dedicación exclusiva para que las causas sigan su curso normal y no se detengan", explicó Lira, quien destacó que, a pesar de sus latentes diferencias con la autoridad judicial, el encuentro fue "cordial".

Ballesteros, que recientemente asumió la presidencia del máximo tribunal chileno, ha sido cuestionado por haber integrado consejos de guerra tras el golpe de 1973 y por haber fallado a favor de Augusto Pinochet y de violadores de los derechos humanos en los juicios que le tocó conocer.

Según la presidenta de AFEP, la ausencia de un juez exclusivo para investigar esos casos alarga las causas y no permite que se investiguen "como debe ser".

"Esta situación nos va a llevar que tanto los responsables de los crímenes como las víctimas vayan falleciendo sin que se solucionen los juicios", aseveró Lira.

Asimismo, la dirigente de la AFEP aseguró que, durante el transcurso de la reunión, Ballesteros se comprometió a abogar para que los procesos abiertos sigan su curso normal y que no se marquen plazos para poder iniciar una nueva querella.

Sobre esto último, la dirigente manifestó su "indignación" por la posición del gobierno chileno, favorable a marcar plazos para las investigaciones abiertas por los crímenes de las dictadura.

"Le hicimos ver que aquí no puede haber plazos porque lo que se está juzgando son crímenes de lesa humanidad y existen tratados internacionales que no permiten la prescripción de los delitos", sentenció.

Durante la dictadura de Augusto Pinochet, según datos oficiales, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los cuales unos 1.192 están aún en calidad de detenidos desaparecidos.

Asimismo, más de 28 mil personas fueron torturadas o sufrieron la prisión política.