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Las víctimas de explotación sexual exigen protección

Las ONG denuncian que las chicas que han escapado de las mafias están desamparadas por la Administración. España es uno de los países europeos con más casos de tráfico de mujeres

SUSANA HIDALGO

A Lucimar, una brasileña de 24 años, la mafia que la explotaba sexualmente le quitó el pasaporte y cada pocos meses, sin que ella lo supiera, le falsificaba los sellos que aseguraban su permanencia como residente. Cuando la Policía desarticuló la red, que operaba en un club de alterne de Navalmoral de la Mata (Cáceres), confiscó todos los pasaportes y acusó a Lucimar de falsificación de documentos. "Ahora, ella no puede salir de España porque está pendiente de juicio por un delito que ella no cometió. Además, Lucimar tendrá que declarar en el juicio contra la mafia y no tiene garantizada su protección como testigo protegida", denuncia Jesús López, su abogado.

El caso de Lucimar no es único. Las ONG que trabajan con este tipo de víctimas critican que las mujeres que denuncian a la red que las explota sexualmente siguen sin tener garantizada su seguridad a través de la vigente Ley de Protección de Testigos. "Faltan medios materiales, como partidas económicas, y medios personales, como grupos especializados en la Policía", advierten desde la Red Española contra la Trata, que aglutina a diversas asociaciones.

La historia se suele repetir. Una mujer consigue escapar de la red mafiosa, presenta denuncia y, a partir de ahí, su caso se pierde en la maraña burocrática. Muchas terminan como irregulares o recurren de nuevo, ya de manera voluntaria, a la prostitución. "O se buscan un novio español, como he tenido que hacer yo", explica Rosa (nombre ficticio), una chica rumana que escapó de la mafia hace tres años.

"Estuve en una casa de acogida un tiempo. Me dieron el permiso de residencia pero, al no encontrar un empleo, me denegaron el permiso de trabajo. Al final, he pasado de depender de la ONG que me acogió en su casa a depender económicamente de mi novio. La Administración tendría que promover que fuésemos independientes", critica esta mujer que reside en Madrid.

En teoría, la Ley de Extranjería, que está pendiente de reforma, establece que una mujer que denuncie a la red obtiene automáticamente el permiso de residencia, pero eso no es real. Para conseguir la residencia, la denuncia tiene que ofrecer resultados a la investigación.

El 90% de las mujeres que ejercen la prostitución en España son extranjeras. La mayoría de ellas está en manos de las redes de trata de seres humanos, según datos que maneja el Ministerio de Igualdad. España, junto con Francia, es uno de los países europeos con más casos detectados de explotación sexual y de trabajos forzados. España contabiliza más de 2.400 víctimas que han interpuesto denuncia y Francia unas 2.000, según un informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Precisamente, para terminar con esta lacra, el Ministerio de Igualdad ha creado el Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos de Explotación Sexual. El plan recoge 61 medidas para combatir la trata que se dividen en tres ejes: asistencia social a las víctimas, lucha efectiva contra las mafias y sensibilización, prevención y coordinación.

Las ONG han recogido con optimismo esta iniciativa, aunque se mantienen expectantes ante sus posibles resultados. "El plan es un buen inicio, ya tenemos un marco legal en el que actuar", afirma Rocío Mora, de la Asociación para la Reinserción de Mujeres Prostituidas (Apramp). Marta González, de la ONG Proyecto Esperanza, reclama que se agilicen los trabajos para que, cuanto antes, haya resultados.

Desde Igualdad señalan que el plan no está, ni mucho menos parado. "Se está haciendo un trabajo constante. El siguiente paso será la convocatoria del Foro contra la Trata, en el que participarán la Administración pública, las ONG, las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias", afirma una portavoz del ministerio que dirige Bibiana Aído.

Uno de los puntos más polémicos del proyecto impulsado por Igualdad radica en el periodo de reflexión que se les concede a las víctimas explotadas sexualmente para decidir si presentan o no denuncia. Las ONG lo consideran escaso y exigen, además, que la protección no se dedique sólo a las mujeres que formulan una denuncia, sino también a las que no lo hacen.

 

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