La Xunta y el Gobierno retoman hoy el diálogo sobre la Ley de Cajas

El conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, ha anunciado que los representantes de la Xunta y del Gobierno reanudarán hoy a las 18 horas las reuniones para intentar desbloquear la ley gallega de cajas.

Rueda indicó durante una comparecencia en el Parlamento gallego que, a su juicio, existen "dos ritmos" de negociación, por una parte el de la Xunta y por otra el del Gobierno.

El conselleiro destacó que la ley cumple, a su juicio, "la constitucionalidad plena" y explicó que en la negociación no van a modificar "aspectos sustanciales" de la ley ni a recibir "un trato diferente" a otras comunidades autónomas.

Rueda insistió en que la Xunta quiere negociar, por lo que pidió a los representantes del Gobierno "que no se levanten de las reuniones", ya que si no parece que es "lógico" pensar que ponen todos los "obstáculos" para que no se avance.

"Primero se levantan y aducen motivos de agenda y la reunión queda pospuesta sin fecha, más tarde dicen que tienen que estudiar en profundidad distintos aspectos y ahora nos citan de nuevo", resumió el conselleiro, quien además lamentó que en la última reunión se haya cuestionado la constitucionalidad de aspectos de la ley que no han recurrido al Tribunal Constitucional.

Además, Rueda señaló que los representantes de la Xunta defienden la constitucionalidad de la ley que fue aprobada por una mayoría en el Parlamento, de donde emanó, con el apoyo de dos de los tres grupos, y apuntó que no le preocupa el "convencimiento" de los socialistas gallegos, que votaron en contra, sobre la inconstitucionalidad de la norma.

El conselleiro indicó que está convencido de que si se hubiese dialogado antes de presentar el recurso ante el TC, éste no se habría producido, aunque explicó que "dos no pueden dialogar si uno no quiere", en alusión al Gobierno.

Hasta el momento se han celebrado tres reuniones entre representantes de la Xunta y del Gobierno, la última, ayer, en la que acordaron desbloquear seis artículos de los once en los que el Ejecutivo observa principios de inconstitucionalidad.