José Luis Rodríguez Zapatero y José Montilla compartieron ayer análisis sobre las formas de minimizar los daños políticos generados por la sentencia del Tribunal Constitucional que recorta el Estatut y, puesto que la cercanía de las elecciones en Catalunya no dará tiempo para repararlos mediante reformas legales la legislatura autonómica concluye el 1 de noviembre, la vía preferente que acordaron serán los "gestos políticos".

El president de la Generalitat no quiso concretar en qué se pueden traducir esos gestos, más allá de la reclamación genérica de "un cambio de actitud" del Gobierno de España que contribuya a restablecer la confianza por "los intangibles" dañados.

«La perspectiva federal es la única que puede acoger a Catalunya» (JM)

"Es tiempo para la política"

Pero todo indica que el primero de esos gestos fue la entrevista de ayer en la Moncloa, que se prolongó durante casi dos horas y media y a la que siguió una comparecencia del president en solitario, pero en la sala donde el jefe del Gobierno comparece con los mandatarios extranjeros y la vicepresidenta primera da cuenta de los consejos de ministros.

El segundo gesto será el viaje que Zapatero hará mañana a Barcelona para participar en una conferencia-coloquio, en la que será presentado por Montilla. Y después vendrán otros porque, como anticipó María Teresa Fernández de la Vega, el propósito es anunciar antes de las elecciones catalanas un listado y un calendario de decisiones, a pesar de que su negociación efectiva corresponderá al nuevo Gobierno catalán que surja de los comicios autonómicos del próximo otoño.

«Hay un amplio margen, respetando de principio a fin la Constitución» (DV)

"Es tiempo para la política", argumentó Montilla, para quien, en esta fase, "la respuesta no puede ser la reforma de una, dos o tres leyes, ni la transferencia de una, dos o tres competencias". Enfatizó a este respecto que, por encima de los recortes jurídicos, están "los daños morales": "A Catalunya no se le puede tapar la boca porque somos una nación y tampoco creo que la sociedad española se pueda tapar los ojos".

En este marco, el president sostuvo que se ha llegado a un momento en el que la "perspectiva federal de España" es "la única que puede acoger la personalidad, la singularidad y la identidad de Catalunya dentro del espíritu de la Constitución de 1978". Para que así sea, insistió en la necesidad de "rehacer el pacto estatutario y reforzar el pacto constitucional".

Montilla salió de su entrevista con Zapatero convencido de que el presidente del Gobierno es "receptivo" a sus planteamientos, "perfectamente consciente" de que tienen "un problema, Catalunya y España". Pero, como reconoció el propio president, sus criterios tampoco son exactamente coincidentes, entre otros motivos porque tienen "roles distintos".

Bilateralidad y lealtad

Lo confirmó la vicepresidenta Fernández de la Vega cuando, al ofrecer la versión presidencial de la entrevista, puntualizó que los problemas de Catalunya son los problemas de España en la misma medida que los de cualquier otra comunidad autónoma, y viceversa, puesto que se trata de "un proyecto común de convivencia" en el que caben todos. El único plus que reconoció a Catalunya en este sentido y este momento fue que sus gobiernos "comparten un proyecto ideológico".

La portavoz acotó también, sin dejar resquicio para la ambigüedad, que el Gobierno está convencido de que el fallo del TC da "un amplio margen para desplegar prácticamente todo el Estatut", pero, "por supuesto, respetando la sentencia y respetando de principio a fin la Constitución".

Y, en cuanto a la referencia de Montilla al posible uso del artículo 150.2 de la Constitución, que establece el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, Fernández e la Vega lo juzgó innecesario porque, en su opinión, "el Estatut va más allá y llega al ámbito máximo del autogobierno".

La vicepresidenta primera destacó que hay "muchas herramientas" para "restaurar puentes", desde el impulso de la bilateralidad en las relaciones a la aceleración de traspasos, pasando por la reforma de la Ley del Poder Judicial y, sobre todo, "la cooperación leal" para evitar invasiones de competencias.