El secretario de Estado de Política Territorial, Gaspar Zarrias, que ha anunciado hoy que el Gobierno remitirá una nueva ley de Régimen Local en el mes de septiembre, ha apostado por un gran pacto de Estado, como mínimo entre el PSOE y el PP, que abra el abanico impositivo de las corporaciones locales.

En declaraciones a los medios de comunicación, antes de la inauguración del curso de verano de la Universidad Complutense en El Escorial: "Actualizando el municipalismo: Plan estratégico FEMP. Confianza en los gobiernos locales", Zarrías se ha mostrado partidario de un gran acuerdo político para que "el abanico impositivo sufra alteraciones" porque, "si no, va a ser muy difícil que los ayuntamientos sigan prestando servicios".

Tras señalar que en el nuevo período de sesiones, en el mes de septiembre, el gobierno tiene previsto remitir una nueva ley de Gobierno local que venga a suplir la actualmente vigente del año 1985, el secretario de Estado ha planteado la necesidad de "incrementar la presión impositiva" porque los ingresos de los ayuntamientos "han bajado" y "si esa merma va a mantenerse, es necesario plantearse como se pueden seguir presentado los servicios a los ciudadanos".

A juicio de Zarrias, no sería "ninguna barbaridad" abrir el abanico impositivo porque "repercutiría muy poco" sobre los ciudadanos que disfrutan de los servicios.

En relación a la nueva ley de Régimen Local, que el Gobierno pretende impulsar, Zarrias ha señalado que es necesario "reformar la autonomía municipal, profundizar en la calidad democrática de los ayuntamientos y establecer una serie de derechos y obligaciones para los vecinos mediante un estatuto del vecino, en el que se recojan derechos y obligaciones".

Zarrías, que considera que sería bueno que esta ley entrara en vigor a la vez que se pone en marcha la legislatura que comenzará tras las elecciones municipales de 2011, se ha referido al debate sobre la posibilidad de suprimir las diputaciones provinciales y tras incidir en el importante papel que juegan "de apoyo a los ayuntamientos", ha recordado que su eliminación conllevaría la modificación de la Constitución, que en estos momentos supone "alguna complejidad".