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9N La Caixa de Solidaritat paga 2 millones pendientes del 9N y evita la ejecución del embargo a Mas

El Tribunal de Cuentas condenó a Mas y la cúpula de su Govern a pagar casi 4,9 millones, importe que consideró probado que fue el coste de organizar la consulta del 9 de noviembre de 2014.

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El expresidente de la Generalitat, Artur Mas, franqueado por la exconsellera de la Generalit de Catalunya, Irene Rigau y la exvicepresidenta Joana Ortega en rueda de prensa en relación a la sentencia del 9N. (David Zorrakino - Europa Press - Archivo)

La Caixa de Solidaritat impulsada por entidades soberanistas ha pagado los 2 millones de euros pendientes para cubrir la condena impuesta por el Tribunal de Cuentas al expresidente de la Generalitat Artur Mas, los exconsellers Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau, y al exalto cargo Jordi Vilajoana por la organización del 9N.

Según han informado en un comunicado, al hacer efectivo el pago de esta cantidad se evitará la ejecución del embargo de las propiedades de los acusados, que ya habían pagado 2,9 millones y que tenían sus pisos embargados, y cierran uno de los primeros episodios judiciales asumidos por esta caja solidaria, una "muestra clara, una más, de la represión" a la que están sometidos por querer votar sobre el futuro.

Han lamentado que un "órgano administrativo llamado tribunal", en alusión al Tribunal de Cuentas, impuso una condena por malversación por el 9N de 4.988.620,11 euros por organizar la consulta independentista el 9 de noviembre de 2014, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) había absuelto por este delito.

En el comunicado también destacan que la Caixa de Solidaritat ha depositado el dinero pendiente para levantar los embargos de los cargos y excargos de la Generalitat procesados por el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, por la organización del 1-O, que fijó una fianza de 5,8 millones de euros.

La Caixa de Solidaritat destaca que ha asumido la ayuda a más de 140 personas "represaliadas por motivo de la lucha por la independencia de Catalunya", por manifestaciones, resistencia pacífica o libertad de expresión, y también a cargos de la administración catalana, la sindicatura electoral, víctimas del 1-O y otros investigados.

El Tribunal de Cuentas condenó a Mas y la cúpula de su Govern a pagar casi 4,9 millones, importe que consideró probado que fue el coste de organizar el 9-N. Mas está inhabilitado para ejercer cualquier cargo público hasta el 21 de febrero de 2020, Joana Ortega hasta el 19 de octubre de 2019, y Rigau ya cumplió su condena de inhabilitación, tras ser condenados por el TSJC.