La recuperación del quebrantahuesos en Andalucía ha sufrido un duro revés con la suspensión de las sueltas de seis pollos previstas para este año. La razón: los cebos envenenados que han causado las dos últimas muertes de esta especie en la Sierra de Castril, en Granada.

El veneno fue, precisamente, la principal causa de que se extinguiera el quebrantahuesos en Andalucía en 1986. Desde 2006, cada año se han liberado pollos en las sierras andaluzas, en total 19, de los que ocho han muerto, la mitad por veneno. Todos los cadáveres envenenados han aparecido en la Sierra de Castril.

Los cebos fueron la principal causa de su extinción en Andalucía en 1986

Hasta el momento, el único condenado por uso de cebos envenenados es un pastor de Castril. La suspensión de sueltas adoptada por el Gobierno andaluz es una medida única, y también atrevida. La Junta es pionera en la lucha para erradicar el uso de cebos envenenados, pero ahora se plantea modificar la estrategia en esta sierra, donde tanto daño se está causando al programa de reintroducción y donde precisamente se soltaron tres pollos el año pasado. El resto de sueltas se ha realizado en el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, en Jaén.

Además, la Fundación Gypaetus, encargada de la reintroducción del quebrantahuesos en Andalucía, tiene problemas económicos. Los patronos privados no financian y la Consejería de Medio Ambiente suple esa deficiencia con dinero público.

Varios extrabajadores de la fundación han denunciado por carta la mala gestión de los directivos. Quince empleados que firmaron esa carta han sido despedidos en los últimos meses. Los afectados dicen que ha sido una represalia, pero los directivos alegan que han tomado esta medida para mejorar la economía y la gestión.

Hasta el momento, sólo ha sido condenado un pastor en la zona

Un portavoz de los extrabajadores, que prefiere no dar su nombre, acusa a la fundación de perjudicar el programa del quebrantahuesos, entre otras razones, porque han tenido que indemnizar a los exempleados por despido improcedente, con un coste de 90.000 euros, más los 80.000 euros destinados al control de amenazas, que se ha reducido de cuatro personas a una sola.