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Cantabria quiere legalizar 500 casas con sentencia de derribo

Los ayuntamientos condenados llevan más de diez años sin cumplir las resoluciones judiciales

GUILLERMO MALAINA

El Gobierno de Cantabria pretende evitar la ejecución de la mayor parte de las sentencias que ordenan el derribo de más de 500 viviendas, la mayoría construidas en la costa. El Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad dio en febrero un varapalo al plan del Ejecutivo, pero este mantiene su propósito. Hoy mismo el consejero de Urbanismo, José María Mazón, se reunirá con los propietarios de las casas, los alcaldes de los cinco municipios afectados y representantes del PRC, PSOE y PP para abordar el ya bautizado como Plan de Actuaciones de las Sentencias de Derribo.

La demolición de las residencias es la patata caliente de una polémica cuyo origen se remonta a los años noventa. De hecho, la veintena de resoluciones que ordenan tirar más de 500 casas fueron dictadas hace más de diez años, sin que los ayuntamientos las hayan acatado. La demora está motivada, sobre todo, por dos razones. La primera es que los propietarios de las casas, cuya primera opción es su legalización, se niegan a abandonarlas sin que los consistorios que autorizaron su construcción les indemnicen. La segunda razón es que los alcaldes dicen carecer de fondos para ello.

Los propietarios de los chalés defienden su legalización

La asociación ecologista Arca, impulsora de casi todas las denuncias contra las infracciones de los ayuntamientos, rechaza un plan ad hoc del Gobierno cántabro para legalizar las residencias ilegales, y pide la ejecución de los derribos y que los ayuntamientos responsables indemnicen a los afectados. "No se puede dar el mensaje de que quienes cometen grandes infracciones quedarán impunes", dice el presidente de Arca, Gonzalo Canales. Después de más de una década de dilación en el cumplimiento de las sentencias, el punto de inflexión se produjo hace justo un año con el derribo de 42 chalés en Arnuero. Poco después, en julio, el Gobierno cántabro presentó al Parlamento y al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria el plan para legalizar la mayor parte de los chalés sentenciados.

Este plan, sin embargo, es de dudosa validez jurídica. Consciente de ello, el propio Gobierno cántabro busca alternativas con encaje legal. Ese es también uno de los objetivos de la reunión de hoy, después de los toques de atención dados por el TSJC.

Los ecologistas piden que las infracciones «no queden impunes»

Este tribunal ha rechazado el plan en un reciente auto en el que insta, además, a demoler 78 casas en la localidad de Argoños. Una muestra del hartazgo del TSJC por el retraso en los derribos es otro auto reciente, de febrero. En una resolución sin precedentes, encomendó directamente a una empresa pública (Tragsa) el derribo de 12 casas, también en Argoños, después de que su ayuntamiento hubiese agotado el plazo dado para ello.

La asociación ecologista Arca considera que el Gobierno bipartito (PRC-PSOE) de Cantabria actúa bajo la presión del PP, que ostenta la alcaldía en cuatro de los cinco municipios incluidos en el plan de derribos: Arnuero, Argoños, Piélagos y Miengo. La quinta localidad es Escalante, gobernada por el PRC.

Un portavoz oficial de la Consejería de Ordenación del Territorio y Urbanismo. que dirige el PRC, declinó hacer declaraciones a Público hasta que se celebre hoy la reunión. El PSOE, que va de la mano del PRC en este asunto, también guardó silencio.

Arnuero
La asociación ecologista Arca dice que la demolición de los 144 apartamentos en la playa de la Arena supondría la restauración del extremo oriental de un encinar relicto protegido. Este espacio colinda con la zona Costa Central y Ría de Ajo, donde se habría integrado si no se hubiera levantado dicha urbanización.

Piélagos
Según Arca, el derribo de dos urbanizaciones ilegales construidas en la playa de Cerrias (Piélagos) valdría para restaurar este litoral “con enormes valores paisajísticos”.

Argoños
La mayoría de las casas con sentencia de derribo se hicieron dentro del Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel. “Es imprescindible devolver el espacio degradado a su estado anterior para su restauración ambiental”, sostiene Arca.

Miengo
La urbanización sentenciada viola la Ley de Costas. Según Arca, su desaparición permitiría restaurar el acantilado de la playa de Marzán y su sistema dunar.