Los siete miembros que componen la Comisión italiana de Grandes Riesgos serán procesados por la muerte de 309 personas en el terremoto que asoló L'Aquila el 6 de abril de 2009. La decisión fue tomada el pasado miércoles por el juez del tribunal de dicha localidad, Giuseppe Romano Gargarella, tras atender la petición de la Fiscalía, que los acusa de homicidio negligente y lesiones al haber desestimado justo una semana antes de la tragedia todos los informes que apuntaban a que la capital de la región de los Abruzos corría el riesgo de sufrir un fuerte seísmo. La primera audiencia del juicio se celebrará el próximo 20 de septiembre.

Además del presidente de dicha Comisión, Franco Barbieri, se sentarán en el banquillo Bernardo de Bernardinis, subdirector del departamento técnico de Protección Civil; Enzo Boschi, presidente del Instituto italiano de Geofísica y Vulcanología; Giulio Selvaggi, director del Centro Nacional para los Terremotos; Gian Michele Calvi, director de Eucentre, el Instituto de investigación sobre seísmos; Claudio Eva, profesor de física en la Universidad de Génova; y Mauro Dolce, profesor de Geofísica y director de la oficina de riesgos sísmicos de Protección Civil.

Todos, según rezan las actas de la acusación, "hicieron una valoración del riesgo sísmico aproximativa, genérica e ineficaz" de la situación en los Abruzos, que había sufrido más de 400 temblores en apenas tres meses, y dieron a la población "informaciones imprecisas, incompletas y contradictorias". Asimismo, hicieron caso omiso a la petición del alcalde de L'Aquila, Massimo Cialiente, que ante el pánico de los vecinos pidió a la Comisión que declarara el estado de emergencia.

La comunidad de geofísicos italianos mostró su apoyo este jueves a los siete miembros del grupo basándose en que la ciencia hoy es incapaz de predecir seísmos. Mientras, prosigue la polémica en torno al técnico de laboratorio Giampaolo Giuliani, que aseguró haber anticipado el temblor con un método que la comunidad científica considera desacreditado.