Eran las 10 de la mañana de ayer cuando los 11 camiones del convoy de basura atómica alemán entraban en el almacén provisional en la mina de sal de Gorleben (Baja Sajonia). Con más de un día de retraso según el plan, la caravana nuclear ha recorrido el que, sin duda, ha sido el viaje más largo en los 33 años de existencia del almacén: pasaron 92 horas desde que el tren partiera el viernes pasado desde La Hague (norte de Francia) hasta que llegó a Alemania, en una batalla continua para burlar los obstáculos de los ecologistas, que lo frenaron en más de cinco lugares desde que pasara la frontera.

Y es que Alemania ha vivido en los últimos días la resurrección del movimiento antinuclear, que no bullía así desde sus orígenes, en los años setenta. Más de 25.000 personas se concentraron el sábado pasado en una gran protesta ante la estación de Dannenberg, la antesala al basurero de Gorleben. Muchas de ellas aguantaron 44 horas seguidas, pese a las gélidas temperaturas, para protestar por el viaje del tren nuclear Castor, así como por la reciente decisión del Gobierno de alargar la vida de las centrales atómicas.

Los manifestantes se encadenaron a las vías, hicieron sentadas, se descolgaron de puentes e incluso bloquearon la ruta con tractores, ovejas, cabras o camiones de cerveza. 'Con nuestras protestas hemos hecho pensar a la gente. La energía nuclear vuelve a ser un tema que está en la calle', señaló ayer uno de los activistas, contento por el éxito que suponen las masivas concentraciones.

A su llegada, el convoy traía también consigo la guerra política. Los partidos de la oposición responsabilizan al Ejecutivo de los brotes violentos en las protestas, que han dejado 950 heridos entre los manifestantes y 131 en las autoridades. Además, 1.316 personas fueron arrestadas, de las cuales 172 serán juzgadas.

Incluso el presidente del sindicato alemán de policía, Konrad Freiberg, ha criticado a la coalición de Angela Merkel al decir que aquel que renuncia al consenso en política atómica 'tiene que contar con que se va a desencadenar un conflicto social'.

La oposición exige que los residuos no sean almacenados en la mina de sal, sino que sean examinados en las canteras de arcilla y grafito de Baviera o Baden-Wür-ttemberg para encontrar finalmente el basurero más seguro para ellos. El ministro de Medio Ambiente, el cristianodemócrata Norbert Röttgen, respondió ayer que se buscarán lugares alternativos si se comprueba primero que Gorleben no es adecuado. 'No se pueden levantar dos o tres gorlebens en Alemania', afirmaba.

Al Gobierno, además, se le ha abierto un segundo frente: el coste del transporte del material (25 millones de euros) y del que ha sido el mayor dispositivo policial desde 2001, con 20.000 agentes. Baja Sajonia no quiere quedarse sola en el pago y reclama ayuda al Estado.