El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) allanó ayer el camino para el dragado del río Guadalquivir, pese a que evaluaciones científicas previas alertan de sus riesgos para el estuario y para Doñana.

Javier Ruiz, investigador del Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía, integrado en el CSIC, y Miguel Ángel Losada, del Centro Andaluz de Medio Ambiente de la Universidad de Sevilla, presentaron ayer en la capital andaluza un informe sobre el estado del Guadalquivir y las consecuencias de un posible dragado de profundidad en el mismo. El estudio, elaborado por el CSIC y por las universidades de Granada y Córdoba desde 2008 y promovido por el Puerto de Sevilla, principal interesado en el dragado, ni se opone expresamente ni defiende dicho dragado, aunque sí minimiza su impacto. El mensaje dejado durante la presentación, a la que acudieron diversos representantes de la comunidad científica, del Puerto de Sevilla y del Parque Natural de Doñana, es que el dragado es una solución preferible a otras.

"Si se dejara de dragar el río por parte del Puerto, en Sevilla no se podría vivir del olor", dijo Losada. Fernando Hiraldo, director de la Estación Biológica de Doñana, afirmó que "no es dragado sí o dragado no, porque el río tiene muchos problemas y este es tan sólo uno de ellos". No obstante, el estudio admite que el dragado repercutiría "negativamente en la dinámica, morfología y biodiversidad del estuario" y que no mejoraría "la situación frente a episodios extremos, turbidez o salinidad". Pero en todo momento relativiza su impacto. "Nunca veremos un Guadalquivir idílico", dijo Manuel Fernández, presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla.

El Puerto de Sevilla lleva una década defendiendo el dragado. Su idea es convertirse en nudo del turismo de cruceros mediante un dragado discontinuo del fondo del río que lo haga pasar de seis metros y medio de profundidad a ocho. En 2001, Doñana expresó su postura "desfavorable". No obstante, el Ministerio de Medio Ambiente emitió en 2003 una Declaración de Impacto Ambiental favorable que un año después el propio ministerio, con Cristina Narbona, juzgó insuficiente. La situación quedaba en un punto muerto.

Para salir de ahí se formó en 2005 una comisión científica cuyo trabajo cristalizó en noviembre con un informe demoledor que instaba a abandonar "definitivamente" el proyecto por su efecto negativo en el río, su estuario y Doñana. "Es incompatible con la conservación del estuario y por lo tanto de Doñana [...]. Hay que revertir la tendencia actual, que lleva al colapso del estuario y a la costa que de él depende y por tanto a Doñana", decía.