Ecuador ratifica la condena a la petrolera Chevron

La Corte de Justicia de la provincia de Sucumbíos, en el noreste de Ecuador, ratificó ayer en segunda instancia la sentencia contra la petrolera estadounidense Chevron, que ya fue condenada en febrero del año pasado a pagar una millonaria indemnización por daños ambientales en la Amazonia. El fallo incluye el abono de 6.282 millones de euros, más un 10% en concepto de reparación. La resolución también dispone que Chevron tendrá que disculparse públicamente o, en caso contrario, se duplicará la multa.

Las comunidades indígenas ecuatorianas plantearon un juicio en 1993 en los tribunales de EEUU contra Texaco, que fue comprada por Chevron en 2001, por verter residuos tóxicos mientras operaba campos petroleros en el país en las décadas de los setenta y ochenta, provocando daños en la salud y el medio ambiente. Una década más tarde, el caso fue trasladado a Ecuador.

Una fuente del Frente de Defensa de la Amazonia, que auspicia a colonos e indígenas demandantes, señaló ayer que a la petrolera le queda la Corte Nacional de Justicia, donde podría presentar un recurso de casación, aunque tendría que depositar el 1% del monto de la condena.

El coordinador ejecutivo de la Asamblea de Afectados por Texaco, Luis Yanza, aseguró en un comunicado que con el nuevo fallo "se confirma y se ratifica que la compañía contaminó y afectó a la Amazonia. Este es un paso más para señalar al culpable y luchar por que se remedie el daño. Ningún monto alcanzará para reparar todo el crimen que hicieron en nuestra zona ni revivir a los cientos de muertos", subrayó Yanza. El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, afirmó ayer que, a su juicio, es evidente el daño ambiental imputado a la petrolera. "Creo que se ha hecho justicia, es innegable el daño que hizo Chevron en la Amazonia", añadió Correa, que comparó el juicio como una "lucha de David contra Goliat".

Chevron ha calificado de "ilegítimo" el fallo y ha presentado alegatos de supuesto "fraude" en el juicio. La compañía argumenta, además, que en 1990 alcanzó un acuerdo con el Gobierno de Ecuador que le exoneraba de responsabilidades medioambientales futuras, situación que, según los demandantes, no influye en un juicio privado.