El Gobierno no renuncia a sacar adelante la controvertida ley Sinde. Así lo manifestaron ayer fuentes del PSOE, que aseguraron que, pese al revés que supuso su rechazo en el Congreso el pasado martes, se ha abierto una nueva vía de debate sobre la que seguir trabajando. La ley antidescargas, incluida dentro de la Ley de Economía Sostenible (LES), fue tumbada en la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso donde, tras varios intentos de negociación, sólo recibió el apoyo del PSOE. La diputada socialista Elena Valenciano añadió ayer que existen aún fórmulas "parlamentarias y legales" para aprobar una iniciativa que, según ha defendido el Ministerio de Cultura, "busca compatibilizar los derechos de todos".

Esas fórmulas parlamentarias requieren de la negociación con otras fuerzas políticas. En este punto, CiU y EAJ-PNV jugarían un papel fundamental. El diputado de CiU Josep Sánchez i Llibre no se mostró en desacuerdo con la ley Sinde durante su intervención en el Congreso y, aunque su grupo decidió finalmente votar en contra de la totalidad de la LES, también explicó en la comisión que CiU entendía que "hay que promover nuevos modelos de negocio y, si no se legisla, no surgirán esos modelos".

La aprobación de la 'ley Sinde' en el Senado requiere de acuerdos

El Senado tiene un plazo máximo de dos meses para tramitar la totalidad de la LES. El Gobierno puede presentarla de nuevo en la Cámara Alta, donde tendría que negociar con otras fuerzas políticas para sacarla adelante. Si así fuera, la ley regresaría con las enmiendas aprobadas al Congreso, que tendría que votarlas de nuevo. La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, se ha comprometido a trabajar en "un modelo que satisfaga a todos", añadiendo que los grupos políticos "están de acuerdo en encontrar una fórmula" que respete los derechos de creadores e internautas.

El problema estriba en los elementos que componen esa fórmula. Todos los partidos se han mostrado en los últimos meses a favor de garantizar los derechos de autor, pero discrepan en la forma de hacerlo. "A todos les gusta decir que están a favor de la propiedad intelectual, pero luego votan en contra porque dicen que comparten el fondo pero no la forma", explica Antonio Guisasola, presidente de Promusicae, que representa a las discográficas. La industria cultural califica de "fundamental" el tiempo que tardará el Gobierno en sacar adelante las medidas antidescargas que plantea. Guisasola asegura que la inclusión de la norma en la LES fue elegida porque se lograba una tramitación de urgencia y, aún así, ha tardado un año. "Una comisión de estudio de la Ley de Propiedad Intelectual [como propone EAJ-PNV] llevaría otro año y una ley independiente (en el caso de que el Gobierno consiguiera sacarla adelante) no requiere menos de nueve meses", añade.

La Coalición de Creadores, que representa a productoras, distribuidoras y entidades de gestión, se ha comprometido a dialogar con los diferentes partidos "con el objetivo de lograr los acuerdos necesarios para conseguir que la normativa vea la luz en la tramitación parlamentaria que resta de la LES".

La industria insiste en aprobar esta norma dentro de la LES

Mientras el proceso parlamentario avanza, la coalición reiteró ayer su intención de acudir a la Unión Europea en busca de amparo, donde propondrán un modelo de ley antidescargas como la francesa. Esta contempla los cortes de conexión a internet a los usuarios que persisten en la descarga de contenidos con copyright.

La embajada de EEUU se sumó ayer a las peticiones de la industria cultural, informa Efe, recalcando que "España tiene que hacer algo más para proteger los derechos de propiedad intelectual". España está en la lista de países que no toman medidas suficientes para evitar la vulneración de derechos de autor, según el informe que elabora cada año una agencia federal dependiente del Departamento de Comercio del Gobierno de EEUU. Los cables de Wikileaks publicados por El País esta semana detallaban que varios miembros del Gobierno habían solicitado ayuda a la embajada de EEUU en Madrid para que les ayudase a aunar posturas con PP, PNV y CiU ante la ley antidescargas.

La embajada de EEUU afirma que España debe hacer "algo más"

Con respecto a las modificaciones que pudieran realizarse en el texto para su introducción en el Senado, la industria cultural insiste en que la disposición antidescargas, tal y como estaba redactada, "es laxa y de mínimos". Aunque parte de la industria aceptaría cambios que concluyesen en su aprobación, el apartado de la intervención judicial se plantea como uno de los más complejos.

El plazo de cuatro días que tiene un juez de la Audiencia Nacional para confirmar el cierre de una web a instancias de una comisión del Ministerio de Cultura se presenta como "insuficiente y poco garantista" para algunos partidos. Fue uno de los principales argumentos esgrimidos por PP, ERC, IU-ICV y CC para anunciar su voto contra el texto y, sin embargo, según la industria cultural, los términos en los que está redactada la disposición adicional son los únicos que garantizan que "se pueda cerrar una web en un tiempo razonable, con un mínimo de agilidad", alega José Manuel Tourné, director de la Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual (FAP). Para Tourné, la votación del martes fue "más política que técnica".