Ya hay un plan para demoler el hotel construido en la playa de El Algarrobico (Carboneras, Almería), dentro del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. El Gobierno central se haría cargo de echarlo abajo, y el autonómico, de retirar los escombros y restaurar el paraje. Eso sí, no se pondrá en marcha hasta que el complejo proceso legal que rodea este asunto lo permita.

"Llevábamos mucho tiempo pidiendo un acuerdo por escrito a las dos administraciones y ya lo tenemos", dijo ayer la responsable de la Campaña de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos. La representante ecologista mantuvo una reunión con la secretaria de Estado para el Cambio Climático y la Biodiversidad, Teresa Ribera, y el director general de Costas, Pedro Antonio Ríos, en la mañana del lunes. Durante la misma, le comunicaron el compromiso del Gobierno para cofinanciar el derribo, desescombro y restauración de la playa en colaboración con la Junta de Andalucía.

El Gobierno central y la Junta ya "han comenzado a redactar el convenio bilateral", confirman desde el Ministerio de Medio Ambiente. El documento se encuentra ahora en manos de los servicios jurídicos del Ministerio y la Consejería. Son muchos los flecos que hay que perfilar. Lo que si está ya confirmado es el reparto de papeles. El Gobierno central se hará cargo del derribo de las 21 plantas del hotel, tanto de la operación logística como de su coste, y el andaluz tendrá que retirar las toneladas de escombros y dejar esta zona restaurada. El deseo del Ministerio es tener listo un "protocolo de actuación" para cuando llegue el momento.

Pero todo está a expensas de lo que digan los jueces. "Entendemos que el hotel no debería estar ahí y nos comprometemos a financiar su demolición, pero estamos pendientes de la resolución de los tribunales", dijo Ribera a Efe. La primera resolución debe producirse el 21 de este mes, cuando el Tribunal Supremo decida sobre un auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sobre la ordenación del parque natural. El Ayuntamiento y la promotora habían recurrido la decisión del TSJA que mantuvo que la zona no era urbanizable. Todavía hay otra sentencia en lista de espera. El Alto Tribunal andaluz debe decidir sobre otro recurso presentado contra el auto de un juez de Almería que, tras parar las obras en 2005, dictaminó al año siguiente que la licencia municipal era ilegal.

Para Greenpeace, esta última sentencia podría ejecutarse ya. De hecho, Ecologistas en Acción y la organización local Salvemos Mojácar, que les acompañaron en las movilizaciones de la semana pasada, van a pedir al juez la ejecución de su auto esta semana. "Con esto y el acuerdo de las dos administraciones, la demolición podría ser inmediata", confía Marcos.