Ninguna de las partes afectadas por el informe de la Alianza Internacional para la Propiedad Intelectual (IIPA), que afirma que España tiene 'el peor problema de piratería de los principales países europeos', se ha mostrado satisfecha por esta consideración. Sus motivos, no obstante, son muy distintos. A falta de que el Departamento de Comercio de EEUU decida si suscribe este informe la conocida como lista 301, el director general de la Federación para la Propiedad Intelectual (FAP), José Manuel Tourné, considera que 'es una pena y una vergüenza' que España aparezca en esta lista por cuarto año, y añade que es necesario tomar medidas para cambiar la situación.

El abogado David Bravo tampoco se muestra complacido con el informe del lobby de la industria cultural de EEUU, aunque con consideraciones bien distintas. Mientras Tourné estima que las 17 páginas que el estudio dedica a analizar la situación española 'implican la voluntad de ayudar', Bravo cree que denotan 'el poco respeto que la industria tiene por la actividad judicial cuando sus resoluciones no la benefician'. El abogado Javier de la Cueva, que junto a Bravo consiguió la primera sentencia absolutoria firme para una web de enlaces, considera importante subrayar la autoría del informe: 'Un lobby privado al que pertenecen en España quienes han perdido ya, definitivamente, cinco casos por la vía penal', en referencia a la industria discográfica y cinematográfica.

La defensa de Bravo y De la Cueva en el caso de la web de enlaces Sharemula es la responsable de 'la sentencia que hace comprender la frustración de los procesos judiciales en España', según el informe. El estudio responsabiliza en gran medida a la circular de la Fiscalía General del Estado de la absolución de páginas de enlaces y solicita su retirada, algo que apoya Tourné.

El director de la FAP cree que la circular, que considera imprescindible el ánimo de lucro para que haya delito, 'ha creado una inseguridad jurídica que no ayuda a combatir la piratería, confundiendo términos y conceptos'. Bravo, que no ve esa confusión, afirma que cuando la lista 301 exige que la circular se revoque está pidiendo 'que los fiscales cambien la interpretación que hacen de las leyes' por ser 'contraria a los intereses de determinadas multinacionales'.

El informe también reclama la colaboración de las operadoras para que impidan que se intercambie material con copyright en sus redes. El abogado Carlos Sánchez Almeida destaca el peligro de esta solicitud: 'Espiar y controlar el contenido por defecto viola el derecho al secreto de las comunicaciones'.

La lista 301 cataloga de 'alentadoras' tanto las medidas incluidas en la Ley de Economía Sostenible (LES) para el cierre de páginas que vulneran los derechos de autor como la creación de una comisión para combatir las descargas. Antonio Guisasola, presidente de la entidad que representa a las discográficas en España, Promusicae, reconoce en este punto 'un guiño' al Gobierno por parte de la IIPA. No obstante, augura que la aprobación de la LES no sacará a España de la lista.

'Si el cierre de las páginas concentradoras se plantea como la única medida para acabar con las descargas, no será suficiente', dice Guisasola, y añade que también habría que tomar decisiones para el P2P.

El informe emplaza al Departamento de Comercio de EEUU a que en otoño revise 'cómo el Gobierno ha respondido al reto de la piratería en Internet'. Tanto Guisasola como Tourné coinciden en que sólo la voluntad del Ejecutivo puede sacar a España de la lista. 'No valoran tanto el éxito como la intención', concluye Guisasola. D