El macropuerto de Tarifa (Cádiz) ha sufrido un revés, pero no ha caído al suelo. El Gobierno andaluz demostró ayer su firme voluntad de llevar adelante el proyecto de ampliación del puerto pese a que el Ministerio de Medio Ambiente lo ha tumbado con una Declaración de Impacto Ambiental negativa. El presidente, José Antonio Griñán, y tres de sus consejeros con mayor peso salieron en tromba para lanzar un claro mensaje: habrá macropuerto en Tarifa.

"Seguiremos impulsándolo", dijo Griñán. Su número dos, la consejera de Presidencia, Mar Moreno, calificó las obras como "absolutamente necesarias". "Trabajaremos para respetar toda la normativa medioambiental", añadió. Luis Pizarro, consejero de Gobernación, se expresó en parecidos términos, al igual que el presidente de la Diputación de Cádiz y líder del PSOE en la provincia, Francisco González Cabaña, que considera "vital" el proyecto.

Josefina Cruz, de Obras Públicas, abogó por buscar una "vía de solución" pactada con el Ministerio que dirige Rosa Aguilar, su antecesora en la Consejería, que ha metido en un aprieto a sus excompañeros. "El proyecto tal y como es ahora no es viable, pero la ministra está dispuesta a trabajar con todos", explicaban ayer desde su gabinete tras conocer la reacción en cadena en Andalucía. Desde la Consejería de Medio Ambiente daban ayer por hecho que habrá que empezar a trabajar pronto en "correcciones y modificaciones".

El macropuerto, impulsado por la Junta y Fomento, iba a situarse a unos metros del Parque Natural del Estrecho, reserva clave para la migración de aves y cetáceos, y a suponer una inversión de unos 150 millones. "La insistencia de la Junta es un error", señala Jorge Sáez, de Ecologistas en Acción en el Campo de Gibraltar. "El Supremo ya tumbó en 2009 otro proyecto en Tarifa, el polígono industrial de Las Aletas. Esperemos que esta vez no haga falta llegar hasta los tribunales", añadió Sáez.