Ley 'a la carta' en Cantabria

El plan que diseña el Gobierno de Cantabria para sortear las sentencias que ordenan el derribo de más de 500 viviendas es contrario a los criterios que inspiraron la Ley del Suelo, la Ley del Plan de Ordenación del Litoral y la Ley de Costas, así como el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del parque natural de las marismas de Santoña, Victoria y Joyel.

Las urbanizaciones, pendientes de demolición desde hace más de diez años, se construyeron de forma ilegal en los municipios de Arnuero, Argoños, Piélagos, Miengo y Escalante sobre suelos que, posteriormente, quedaron en su mayor parte bajo la protección de leyes medioambientales menos permisivas con el urbanismo descontrolado. Ahora, el Ejecutivo cántabro, los cinco ayuntamientos y los propietarios de las casas preparan un plan con el propósito de evitar los derribos. Es el segundo intento después de que la propuesta inicial del Gobierno de Revilla fuera rechazada por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

El plan se tramitará como proposición de ley, sin informe jurídico del Ejecutivo

Entre la veintena de resoluciones que ordenan tirar más de 500 casas [todas están ratificadas por el Tribunal Supremo], sólo se ha cumplido una, parcialmente, en Arnuero. El TSJ cántabro ordenó la demolición de 144 viviendas por su construcción en un terreno que no reunía los requisitos para ser clasificado como urbano. Se trataba de un encinar, en parte ya destruido, que ahora está protegido por la Ley del Plan de Ordenación del Litoral. En otra localidad, Piélagos, su ayuntamiento, el Ejecutivo y los propietarios estudian también cómo sortear cuatro sentencias firmes que afectan a otras tantas urbanizaciones con 65 casas. En todos los casos, el TSJ cántabro determinó que el consistorio calificó el suelo como urbano sin que este cumpliera las condiciones necesarias. Dos de las cuatro urbanizaciones (24 casas) están construidas además dentro de la servidumbre de protección establecida en la Ley de Costas.

El ayuntamiento que más veces ha pasado por los tribunales es Argoños, que suma hasta 12 resoluciones que ordenan el derribo de 240 chalés y tres bloques de pisos. El Ejecutivo de Revilla también pretende su legalización. En siete de las sentencias, que pesan sobre 28 casas, el TSJ cántabro consideró que estas vulneraban la Ley del Suelo sobre la protección del paisaje. Pero hay más. En otra causa, el mismo tribunal determinó que otras dos urbanizaciones, de 22 y 12 casas, invadieron suelo no urbanizable y rústico de protección forestal. Otra, de 78 casas, está pendiente de derribo porque el estudio de detalle del ayuntamiento invadía a otros dos municipios, sobre suelos además protegidos por el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del parque natural de las marismas de Santoña. El TSJ de Cantabria se amparó en este mismo plan para ordenar el derribo en Argoños de otras dos urbanizaciones, de 91 y 8 casas. El juez reprobó al ayuntamiento que no debió "permitir actuaciones urbanísticas" sobre suelos protegidos.

Su fin es abortar todas las sentencias de demolición, ratificadas por el TS

El Gobierno cántabro también colabora con otro ayuntamiento, Miengo, para evitar el derribo de 20 casas que vulneran la Ley de Costas, según la sentencia. La última causa se sitúa en Escalante. El Tribunal Supremo ratificó la orden de demolición de 32 chalés por exceso de ocupación.

La asociación ecologista Arca, impulsora de casi todos los casos en los tribunales, denuncia que el plan del Gobierno, los ayuntamientos y los afectados es una "aberración". "En lugar de que las irregularidades se ajusten a la ley, pretenden ajustar la ley a las irregularidades", dicen.

El Gobierno cántabro no llevará el plan contra los derribos al Parlamento como proyecto de ley. Serán los grupos PRC, PSOE y PP, que lo avalan, quienes lo presenten como proposición de ley. Esta vía permite su tramitación sin informe jurídico.