Más de 500 balsas españolas están abandonadas

En España hay al menos 524 grandes balsas con residuos mineros abandonadas. Un buen día, la empresa echó el cierre y se fue, dejando toneladas de metros cúbicos de materiales, en algunas ocasiones muy peligrosos. Aunque hay una directiva europea ya en vigor en España que las obliga a cuidar de su basura, el galimatías competencial español está provocando una gran permisividad.

El primer problema es que se desconoce la dimensión del mismo. El último inventario del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) es de 2002. Detalla la existencia de 7.096 instalaciones para depositar residuos procedentes sólo de la extracción minera, lo que excluye del cálculo a los vertederos de la industria. De ellas, entre balsas y presas hay 909 de grandes dimensiones. Y según el inventario del IGME, 524 están abandonadas y sólo 54 han sido restauradas, como la balsa de las minas de Touro, en A Coruña.

La competencia del control es de las comunidades autónomas

Los ecologistas temen que el abandono esté deteriorando la infraestructura y que, en un futuro, pueda romperse. "En las balsas activas, hay normativa que, con más o menos permisividad, la empresa está obligada a cumplir. Pero, ¿quién se hace cargo de las abandonadas?", cuestiona la responsable de la campaña de Contaminación de Greenpeace, Sara del Río.

Aquí es donde se arma el lío entre organismos. Aunque el IGME, responsable del inventario de balsas de lodos mineros, pertenece al ministerio de Ciencia, los asuntos de seguridad minera son cosa del de Industria y las cuestiones medioambientales caen del lado del ministerio de Medio Ambiente. Pero las competencias de autorización, gestión y control de estos vertederos fueron transferidas a las autonomías hace años, así que, en teoría, son ellas las que deben velar por el mantenimiento de las presas y balsas.

"Es el gran problema de estas minas, su control", señala la responsable de Aguas Continentales de WWF España, Eva Hernández. Con tanto organismo disperso y con tanta instalación por revisar, "no tenemos la certeza de que se esté haciendo lo correcto", añade.

Bruselas obliga a tener un nuevo registro en mayo de 2012

El inventario del IGME de 2002 analizó dos aspectos de la peligrosidad de estas balsas: la estabilidad de la instalación y su posible impacto medioambiental. Aunque el informe destaca que la mayoría de las balsas presenta una estabilidad media-alta, algunas tenían entonces una situación crítica, la mayoría en las zonas mineras de Murcia, Jaén y Huelva.

Llama la atención que el inventario apenas da nombres de minas, sólo un número. "Es para no alarmar a la población", explica el investigador del CSIC Félix López. Peores son los resultados medioambientales: la mayor parte de las balsas está contaminando las aguas superficiales y, algunas, las subterráneas. La UE aprobó una directiva en 2006 sobre la gestión de estos residuos que exige hacer un nuevo inventario, más detallado y preciso, para mayo de 2012.