"Un despropósito" o "una decisión satisfactoria". La industria nuclear y los ecologistas discreparon ayer sobre la decisión de la Audiencia Nacional de ratificar el cierre de Garoña en 2013. María Teresa Domínguez, presidenta del Foro de la Industria Nuclear Española, declaró ayer en un comunicado que la central "funciona con plenas garantías de seguridad" y que, por tanto, no existe "ninguna razón técnica ni económica que motive su cierre en 2013". La propietaria de la planta, Nuclenor, y la Junta de Castilla y León (gobernada por el PP) ya han anunciado que recurrirán al Tribunal Supremo (TS).

Distinto es el ánimo de Greenpeace y Ecologistas en Acción, a pesar de que la sentencia desestima el recurso que presentaron. Carlos Bravo, responsable de la campaña de energía de Greenpeace, dice tener discrepancias "sólo por la fecha", pues la ONG exigía un cierre inmediato. Le alegra, sin embargo, que gran parte de los argumentos que presentaron ambos grupos en el recurso se hayan recogido en la sentencia. "Una de nuestras razones para el cierre fue la necesidad de crear un hueco para las energías renovables, algo que se ha contemplado en la decisión de la Audiencia", declara Bravo.

La ruptura del vínculo entre el Gobierno y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a la hora de decidir el cierre de una central es uno de los aspectos mejor valorados por los ecologistas. Pero esta libertad también genera inseguridades. El portavoz de Ecologistas en Acción teme que un cambio de Gobierno pueda afectar al cierre de Garoña, porque antes de 2013 habrá elecciones. "De todos modos, creemos que Rajoy no revocaría la sentencia". Carlos Bravo es más tajante y dice que en caso de que gobernase el PP, este tendría que acatar la decisión. "El PP debe mirar al futuro y cambiar su plan energético, que ya no sostienen ni Alemania ni Japón", dice.

Nuclenor lamenta que la decisión se haya basado en "cuestiones de orden político" y no de seguridad. El portavoz del PP en energía nuclear, Javier Gómez Darmendrail, declaró a Europa Press que "una decisión política se puede revocar por otra", mientras el PSOE aseguró que esta sentencia "avala [su] compromiso con los ciudadanos", refiriéndose a los planes de sustitución gradual de la energía nuclear.

Los ecologistas son optimistas y desvían sus miradas hacia Ascó, ya que el próximo 1 de octubre expira el derecho de explotación. "Ahora que el Gobierno tiene potestad, exigimos un calendario de cierre de nucleares, y que la siguiente sea Ascó", declaró Castejón.