España permite la pesca ilegal y subvenciona empresas acusadas y sancionadas por malas prácticas, según denuncia el informe Investigación en el Océano, publicado ayer por la organización ecologista Greenpeace.

El documento, de 20 páginas, utiliza como ejemplo las empresas de la familia Vidal, con sede en Santa Eugenia de Ribeira, en Galicia, pero con intereses en Latinoamérica y África. La organización denuncia cómo estos armadores "burlan la legislación vigente" para pescar en caladeros acotados y capturar especies protegidas con métodos no aprobados por la Unión Europea. Entre otras irregularidades, Greenpeace apunta que Vidal Armadores ha recibido cerca de 16 millones de euros en subvenciones. A pesar de que la empresa fue denunciada en 2009 por pesca ilegal, en 2010 la Xunta de Galicia le concedió una ayuda de 6,5 millones de euros para abrir una fábrica de aceite de pescado omega 3.

"Hasta un 49% de la captura mundial es ilegal, no declarada y no regulada, y esta es una de las razones principales por las que nuestros recursos pesqueros están sobreexplotados", ha declarado Celia Ojeda, portavoz de Greenpeace. "En Europa estas malas prácticas están siendo financiadas con nuestros impuestos, en realidad pagamos para que saqueen nuestros océanos", añadió.

Los ecologistas piden a la UE "una completa investigación" de las subvenciones concedidas al sector pesquero español, para que las ayudas se otorguen sólo "a aquellas prácticas pesqueras legales, transparentes y sostenibles, en consonancia con los objetivos de la Política Pesquera Común".

"El ejemplo de los Vidal", dijo Ojeda, "no es aislado, sino un patrón que se permite por la falta de rigor en la supervisión de la información sobre las pesqueras, comprobación de datos y dejación de responsabilidades". "Si desde Greenpeace lo sabemos, el Gobierno lo debe saber también", añadió, tras apuntar que hay muchos armadores denunciados que están en las "listas negras" y siguen trabajando impunes.

El secretario general de la Confederación Española de Pesca (CEpesca), Javier Garat, lamentó en declaraciones a Efe que "unos pocos" armadores como Vidal "manchen el nombre de España" y se ponga en duda el trabajo serio de "un sector saneado y de muy larga tradición". Esta, dijo, es una "campaña internacional de las ONG que intentan influir en la PPC [política de pesca de la UE] para que desaparezcan los subsidios" que España recibe en función de la renta per cápita del país como el primer productor industrial en productos de pesca de la UE. "El hecho de que un armador, o 15, haga las cosas mal, no debe poner en duda a todo el sector. Para los armadores que comenten irregularidades están las infracciones y CEpesca es el principal interesado en que así funcionen las cosas", aseguró Garat.