El precio elevado y una red deficiente de puntos de recarga frenan la expansión del coche eléctrico en Catalunya

¿Quién puede permitirse un coche eléctrico en Catalunya? Éste es el interrogante que lanza un estudio del Observatori Desc (PDF), en el que se concluye que la renta y el poder adquisitivo influyen en la capacidad de comprar un vehículo de este tipo. En el informe se analiza la posible implantación de los vehículos eléctricos entre la clase media trabajadora a partir de la viabilidad económica, la autonomía de los vehículos y las opciones de carga disponibles actualmente.

Según el Observatori Desc, los modelos más económicos del mercado tienen ahora un coste de unos 24.500 euros aproximadamente. Si una persona trabajadora en Catalunya -con una media salarial de 27.100 euros brutos anuales (que equivaldría a unos 1.731,1 euros netos) quisiera comprarlo, lo habitual sería financiarlo y dividir el importe en 48 cuotas y, por tanto debería pagar unos 511,25 euros al mes, es decir, casi una tercera parte (29,53%) de su sueldo. Además, en caso de conseguirlo, se encontrarían otras dificultades como la falta de una red consolidada de puntos de recarga o la imposibilidad de transformar su antiguo vehículo de combustión en un eléctrico.

Precio aparte, el estudio detecta que en el modelo de transición hacia el vehículo eléctrico privado existe un déficit de puntos de recarga. Mientras los coches tradicionales tienen una autonomía de 1.000 kilómetros con el depósito lleno, los eléctricos actuales disponen de una capacidad limitada, por lo que es necesario recargarlos cada 400 kilómetros de media, el doble de veces que uno de combustión.

El Observatori Desc añade que "la estructura de recarga actual catalana no es muy extensa y está principalmente concentrada en las zonas urbanas y no cuenta con unas tecnologías homogeneizadas, lo que implica que la movilidad de estos vehículos fuera de la ciudad sea muy limitada". Aunque el informe constata la presencia de más de 20 marcas de vehículos y más de 80 modelos de turismos eléctricos a la venta de gama media y media-alta, sí se evidencia que éstos no están al alcance de la mayoría de los ciudadanos catalanes de clase trabajadora.

Pagar por el uso del vehículo

Una de las dudas que pone sobre la mesa el estudio es el encaje entre la apuesta por el vehículo eléctrico y la necesidad de avanzar hacia un modelo de transporte público, colectivo e intermodal, que deje de lado la posesión de un turismo privado. "La dicotomía no debe producirse entre el coche de combustión y el eléctrico, sino entre un uso privado y otro compartido". Esta visión es la que defiende Ricard Jornet, coordinador de la cooperativa sostenible, Som Mobilitat.

Jornet admite que el escenario ideal no es el de sustituir a los coches de combustión por los eléctricos, ya que ambas tipologías ocupan espacio público y generan tráfico. "Nuestra filosofía radica en el fomento del uso compartido, de forma que si se paga por utilizar, el usuario selecciona mucho más los trayectos y estudia cuál es su mejor opción de transporte, lo que lleva a un cierto decrecimiento. Ésta es la posibilidad que otorga el car sharing".

Som Mobilitat admite que el uso compartido del coche eléctrico es, en estos momentos, la modalidad más sostenible dentro del transporte en vehículo privado. Por el momento, consideran que vectores energéticos como el hidrógeno sólo tendrán cierta viabilidad en los autobuses, camiones o barcos.

Puntos de recarga de pago

El coordinador de Som Mobilitat defiende la necesidad de que los puntos de recarga de los vehículos en la vía pública sean de pago. De lo contrario, "si son gratuitos, los ayuntamientos no tienen incentivos para su mantenimiento y si fallan, acaban por no arreglarlos". Esta situación comporta, según Jornet, que la red sea deficiente y la industria automovilística tampoco encuentre un aliciente para invertir en esa infraestructura. "Nuestro referente implica una red de puntos de recarga públicos, pero con unos precios de pago ajustados, lo que daría más espacio a los operadores privados que quisieran acceder", apunta.

En relación con la transformación desde la combustión hasta la electrificación, Ricard Jornet aboga por el modelo francés, en el que las ayudas son elevadas y la burocracia ágil. Aunque insiste en que cambiar toda la flota por vehículos eléctricos no es la solución adecuada, Som Mobilitat precisa que los incentivos fiscales por su adquisición benefician a las personas con un poder adquisitivo más alto: "Una posible medida, ya que hay poca oferta de coches eléctricos utilitarios y son caros, es otorgar la ayuda en función del tamaño del vehículo. Es decir, cuanto mayor, que el importe sea inferior". Jornet recuerda que la industria antes se posicionaba por el factor precio, mientras que ahora comercializa menos unidades, pero obtiene más beneficios al vender los turismos con mayor valor.

Con la voluntad de implicar a los ciudadanos en el fomento del vehículo eléctrico, Som Mobilitat insta a crear una flota pública de coches que puedan compartir las administraciones municipales y los vecinos de las poblaciones. Es una fórmula que ya se sigue en localidades como el Palau d'Anglesola (Lleida) o Banyoles (Girona).

Ricard Jornet habla de una iniciativa de futuro, puesto que "optimiza el espacio, resuelve las necesidades de movilidad y lo hace a un precio ajustado". De esta forma, el ciudadano catalán de clase media puede tener acceso a una movilidad eléctrica compartida. Sería un servicio similar al del alquiler de las bicicletas municipales.

El salto definitivo hacia el vehículo electrificado aún depende de algunas incertidumbres, como las infraestructuras de recarga. En Catalunya, la previsión era acabar en el 2022 con 45.000 enchufes en la vía pública, cuando la cifra se quedó en 17.000. Por parte de la industria, la receta implica ayudas fiscales directas por un elevado importe en relación con el precio del vehículo. Ahora, éstos, se limitan a una media de 4.500 euros. Por su parte, los vendedores lamentan que los ciudadanos tengan que adelantar el importe y encargarse ellos mismos de las gestiones burocráticas y administrativas, un elemento más para enfriar su decisión de hacer la transición hacia el coche eléctrico.