Promesas de los partidos nunca materializadas

"La transparencia es un requisito imprescindible para la buena administración de los recursos, para garantizar el más honrado comportamiento de todos los servidores públicos y una mejor participación de los ciudadanos". La frase se puede leer en el programa electoral con el que concurrió el Partido Popular a las últimas elecciones generales.

"Los socialistas entendemos que tenemos que mejorar la calidad de nuestra democracia doméstica en al menos tres niveles: necesitamos más transparencia y más Gobierno abierto. Necesitamos mejorar la conexión entre electores y elegidos, representantes y representados, en definitiva, entre políticos y ciudadanos", señalaba el texto propuesto por el que fue candidato del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Pese a las promesas de ambos partidos, la transparencia de datos e información pública se encuentra en pañales en España. El PP ha propuesto aprobar "con carácter inmediato" una "ley de transparencia, accesos a la información pública y buen Gobierno", según su programa, que recoge varios códigos éticos incumplidos sistemáticamente por las administraciones que gobierna.

El ejemplo más claro es el de las subvenciones o contratos públicos. El PSOE y el Gobierno frenaron la propuesta de la exvicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, cuyo texto durmió en un cajón hasta ser recuperado en julio con cambios por el Consejo de Ministros.

El programa de Izquierda Unida es el más claro, al pedir que se reconozca como un derecho el acceso a información pública y haciéndose eco de las peticiones de organizaciones como la Coalición Pro-Acceso.

España es el único de entre los grandes países de la UE que no cuenta con una ley de transparencia. En otros países europeos, como Noruega, la transparencia llega incluso hasta los ingresos y obliga al Estado a facilitar los datos básicos de la declaración de la renta de cada ciudadano, que pueden consultarse en cualquier diario digital.