Pese a que el Gobierno lo niega, la Asociación de Municipios en Áreas Nucleares (AMAC) ha confirmado que llegó a un 'trato' con el Ministerio de Industria para que presentara candidatos Yebra (Guadalajara) y Ascó (Tarragona) a albergar el almacén centralizado de residuos atómicos (ATC), como se reflejaba en un documento interno desvelado ayer por Público. A cambio, el departamento de Miguel Sebastián se comprometió a aumentar la cantidad de dinero que reciben, hasta 8,25 millones de euros más cada año, a través de una nueva orden ministerial. La suma saldría de las tasas pagadas por las eléctricas y sería distribuida a todos los pueblos nucleares por la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa).

'O sacaban la orden o no había candidatos', explica el gerente de la asociación, Mariano Vila dAbadal. Según su versión, los alcaldes de la AMAC echaron un 'órdago' al Ministerio en julio de 2009 al anunciar que no presentarían candidatos. El mensaje fue: 'Si no jugáis al desarrollo económico en las zonas nucleares, nosotros pasamos de vosotros y del ATC'. Inquietos por la posibilidad de que ningún pueblo de España solicitara el almacén, los negociadores de Industria accedieron y prometieron a los municipios nucleares aumentar sus ingresos hasta 8,25 millones de euros al año. La mayor parte de esta partida, 7,55 millones de euros, servirá para cofinanciar proyectos de desarrollo local para combatir el monocultivo nuclear.

A juicio de Vila dAbadal, el interés del Ministerio por los candidatos de la AMAC se debe a que 'si no hubieran salido, posiblemente no habría otros candidatos'. '¿Y si no se hubiese presentado nadie? Hubieran quedado como tontos', opina. Tras el paso al frente de Yebra y Ascó, impulsados por el nuevo compromiso económico del Gobierno con todas las áreas atómicas, otros 12 pueblos sin tradición nuclear pujaron para llevarse el ATC.

La Junta de Castilla y León hizo ayer una valoración mucho más crítica del trato entre Industria y la AMAC. El pasado 31 de enero, el presidente autonómico, Juan Vicente Herrera, del PP, aseguró que su 'intuición personal' le decía que la 'ceremonia de confusión' del proceso para elegir el emplazamiento escondía 'un acuerdo teledirigido' para que el almacén se quedara en Ascó. Ayer, el portavoz del Ejecutivo autonómico, José Antonio de Santiago-Juárez, interpretó que el trato revelado por este diario 'curiosamente tira por esta vía' al señalar que 'el Ministerio de Industria tuvo contactos con algunos municipios y les primó con cierta financiación', según informa Efe.

'Compran a la AMAC para tener candidatos', asegura Joan Herrera

El portavoz del Gobierno castellanoleonés también negó ayer que la Junta haya negociado con el Ministerio la instalación del vertedero atómico en Santervás de Campos, como contó el miércoles El Día de Valladolid. Santiago-Juárez pidió al Gobierno que se guíe 'por criterios técnicos y el consenso' para seleccionar el emplazamiento, aunque inmediatamente aportó un criterio poco técnico. Si el Gobierno no anula el cierre decretado por Industria de la central nuclear de Santa María de Garoña para 2013, 'que no cuenten' con la Junta para ubicar el ATC, espetó el portavoz conservador.

El escándalo por el trato entre Industria y la AMAC puede acabar con el ministro Sebastián dando explicaciones en el Congreso. El diputado y portavoz de Iniciativa per Catalunya Verds, Joan Herrera, solicitó ayer su comparecencia 'para que explique si es cierta la información que hoy [por ayer] publica el diario Público, según la cual el Gobierno tuvo que poner dinero sobre la mesa para encontrar pueblos dispuestos a albergar el almacén temporal centralizado'. El ecosocialista coincide con la sensación del presidente de la Junta de Castilla y León de que la elección del emplazamiento está teledirigida. 'Creo que el proceso estaba apañado hacia Ascó y Yebra, pero se les ha torcido, porque se han encontrado con un sentimiento territorial en contra', apunta. La crítica de Herrera hacia la gestión del Gobierno en esta materia es corrosiva: 'Para conseguir candidatos han comprado a la AMAC, esto no es un proceso de participación, sino de compra de voluntades'. En su opinión, el acta de la asamblea de los pueblos nucleares del 11 de enero 'es una perla'.

El objetivo de ICV, socio de los socialistas en la Generalitat, es 'paralizar este proceso chapucero, sin participación ni transparencia'. El miércoles, Herrera solicitó al Congreso el contrato firmado con Francia para que las empresas de este país se ocuparan de los residuos procedentes del desmantelamiento del reactor de Vandellós 1, clausurado en 1989.

'Hay algo más que buenas intenciones', dicen los ecologistas

El Gobierno esgrime este contrato que obliga a España a pagar unos 60.000 euros diarios de penalización si los desechos no vuelven antes del 31 de diciembre de 2010 para justificar la urgencia por construir el ATC. Sin embargo, Herrera cree que estos datos son 'falsos' y quiere ver el contrato. Fuentes del propio Ministerio admiten que este pago es tan sólo una fianza, así que la mayor parte de este dinero regresaría a España junto con los residuos de Vandellós 1.

Las organizaciones antinucleares también reaccionaron ayer al arreglo entre Industria y la AMAC. 'Las sospechas de que había algo más que buenas intenciones por parte de los alcaldes que han solicitado el ATC están perfectamente en consonancia con la reciente noticia' del trato, explicó ayer Ecologistas en Acción en un comunicado.