El Gobierno británico hará oficial hoy un primer borrador del proyecto de ley para hacer seguimiento de las comunicaciones de los usuarios, tanto por correo electrónico como en las redes sociales como Twitter o Facebook. El objetivo es someter el texto a posibles enmiendas antes de ser votado en el Parlamento. Previa a esta votación sería necesaria, además, la aprobación por parte de las comisiones de Inteligencia y Seguridad así como de Interior, para dar forma al texto final.

La medida no sólo ha encontrado duras críticas por la violación de la privacidad que supone -ya califican la medida de fisgona-, sino por su elevado coste que llegó a situarse en los 2.000 millones de libras según un proyecto de Interior de 2006. Se espera que el viceprimer ministro, Nick Clegg, avance una serie de garantías que protejan las libertades civiles, entre las que se incluye una comisión de control de diputados y lores, que se publicarían en un informe hacia el mes de noviembre.

Algunos miembros del partido conservador, como el que fuera responsable de Interior en la oposición David Davis, ya han tachado la medida de 'cara, innecesaria y una enorme invasión de la privacidad del individuo'. Por su parte, el liberal demócrata Tom Brake, miembro de la comisión de Interior, ya ha avanzado que no hay ninguna objeción a que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado accedan a los datos de comunicaciones vía correo electrónico, teléfonos móviles o cualquier forma de red social. El debate subyace, sin embargo, en si se dará luz verde al contenido o únicamente a la identidad del emisor y del receptor, la fecha y hora y el lugar desde donde se envía la comunicación.

El proyecto de ley contrasta con recientes datos publicados por el Eurobarómetro que revelaban que más del 70% de los europeos se muestra preocupado por su privacidad online, así como por las propias medidas adoptadas por la Unión Europea, encaminadas a que el internauta tenga la potestad de borrar sus datos personales de redes como Facebook.

Colectivos como el grupo 38 Degrees han reunido casi 164.000 firmas contra el proyecto en una iniciativa popular que acusa a 'políticos de todos los colores' de 'haber apaleado nuestras libertades civiles en los últimos años' y anima a 'devolver el golpe'. A finales del año pasado, ya se encendieron las luces de alarma cuando se hizo público el uso de software espía por parte de Scotland Yard.

Nick Pickles, director del colectivo Big Brother Watch, ha calificado la medida de 'paso sin precedentes que hará que Reino Unido adopte la misma vigilancia que China o Irán'. Pickles denuncia 'el absoluto ataque a la privacidad online' y asegura que la medida 'está lejos de mejorar la seguridad pública', lanzando una pregunta: 'si es tan crucial para la seguridad, ¿por qué el ministerio del Interior no la ha hecho efectiva antes de los Juegos Olímpicos?'.

• Evaluar caso por caso por parte del comisionado de vigilancia de comunicaciones.
• Publicación de una Declaración de Impacto en la Privacidad.
• Eliminación de los archivos, que se mantienen en estricta confidencialidad, tras un período de 12 meses.
• Los ciudadanos que consideren haber sido objeto de un seguimiento ilegal podrán denunciar a un panel especial de magistrados.
• Sólo se podrá acceder al contenido de las comunicaciones tras autorización expresa del ministerio del Interior.

Un informe de Big Brother Watch revela las irregularidades por parte de agentes de policía y funcionarios que entre 2007 y 2010:
• 243 fueron condenados por violar la ley de protección de datos.
• 98 perdieron sus empleos por estas violaciones.
• 904 fueron expedientados disciplinariamente por no respetar la privacidad.