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La subida salarial de los empleados públicos no afectará a los investigadores doctorados por la falta de regulación

La Federación de Jóvenes Investigadores denuncia la desregulación imperante en los contratos de los doctores y la inestabilidad de la carrera investigadora. Alertan de que si la situación no se soluciona y los profesionales siguen perdiendo poder adquisitivo, el sistema envejecerá rápidamente.

Imagen de la manifestación convocada por la FJI en abril de 2017 para luchar por una sociedad basada en la investigación y el conocimiento. / FJI
Imagen de la manifestación convocada por la FJI en abril de 2017 para luchar por una sociedad basada en la investigación y el conocimiento. / FJI

Paradojas de la vida, esta vez laboral. La subida salarial del 2% a los empleados públicos no repercutirá en los sueldos de los investigadores doctorados debido a su nula regulación dentro de la Administración General del Estado (AGE), aunque sí tendrá efecto en las nóminas de sus compañeros de menos categoría, aquellos que han cursado un máster, debido a que se encuentran amparados por el nuevo Estatuto del Personal Investigador Predoctoral en Formación (EPIPF). La Federación de Jóvenes Investigadores (FJI) plantea consecuencias que costará mucho tiempo revertir, como el envejecimiento del personal, la falta de competitividad internacional y el alto nivel de abandono durante la carrera investigadora.

El desarrollo de la investigación en España pasa por varios estadios que, a grandes rasgos, se diferencian entre aquellas personas que se encuentran englobadas en el EPIPF y aún no han leído su tesis, y aquellas otras que ya se han doctorado y se presentan a diferentes programas, como pueden ser los de Juan de la Cierva Formación e Incorporación o las becas Ramón y Cajal. Es ahí, en el tránsito del último año predoctoral al primero postdoctoral donde los trabajadores pierden poder adquisitivo. En resumidas cuentas: los investigadores cobran menos durante sus primeros años de doctores que en sus últimos antes de doctorarse.

Esta situación ha hecho que "muchos predoctorales con contrato lean su tesis lo más tarde posible porque las condiciones que se van a encontrar son peores", según comenta Pablo Giménez, presidente de la FJI. El problema tiene su raíz en que no existe una categoría que requiera la titulación de doctor en el convenio colectivo del personal laboral de la AGE. Giménez alerta de la desregulación de la figura con mayor formación académica en España, que según relata es la que menos legislada está y menor protección y seguridad jurídica tiene: "El sueldo de los postdoctorales viene marcado únicamente por las bases de las convocatorias, donde el mínimo está congelado desde 2011".

Precariedad salarial y temporalidad

"Estamos creando trabajadores que obligatoriamente no pueden subsistir". Con estas palabras se refiere Giménez a la gravedad del asunto, y añade que "lo que está en juego es la superviviencia del sistema: si dadas estas condiciones a los más jóvenes les obligamos a irse e impedimos que vengan de otros países, aquí no va a quedar nada de investigación". Helena Carretón, que leyó su tesis en 2013 y sufre en primera persona esta problemática, relata así otra de las particularidades de la carrera investigadora, como es el tener que estar en paro en torno a un año entre proyecto y proyecto: "Lo que pasa es que se junta la precariedad salarial con la temporalidad e inestabilidad. De hecho, dada la imposibilidad de presentar un proyecto nuevo mientras ya estás participando en otro, el año que suele tardar en aprobarse el nuevo estás sin trabajo".

Así pues, el paulatino envejecimiento de los investigadores es algo normal si se atiende al calendario establecido por el sistema: "Si la tesis se suele leer entre los 28 y 32 años, los contratos más estables se acaban consiguiendo a los 45 años después de que hayas perdido algún año en temas burocráticos y hayas tenido que migrar para sumar puntos de cara a las siguientes convocatorias, una edad que va en consonancia con la media de los profesores titulares de las universidades", dice Giménez. En torno al envejecimiento, él mismo agrega que "en menos de diez años se jubilará un tercio, aproximadamente, de la plantilla docente universitaria".

Irregularidades en los contratos universitarios

Esta realidad no ocurría antes ya que en torno a los 30 años comenzabas a estabilizarte, según Carretón. De esta forma, "la imposibilidad de realizarte de manera continuada", según los términos de la investigadora, "merma la salud psicológica de cualquiera que quiera aspirar a un puesto estable dentro de la investigación española y provoca un alto índice de abandono en la carrera investigadora".

Retornando a la cuestión económica, desde la FJI denuncian que "hay universidades que están contratando investigadores a media jornada que trabajan a jornada completa". Como los contratos de los investigadores postdoctorales se han hecho fuera de cualquier convenio, quedan excluidos de las tablas salariales del personal de sus centros. "Esta situación hace que incluso aquellos postdoctorales financiados por las ayudas más competitivas de nuestro país (como las Juan de la Cierva y las Ramón y Cajal) vayan a seguir percibiendo el salario mínimo estipulado en sus convocatorias, que está congelado desde 2011, y sin posibilidad de actualizaciones periódicas como las del resto de empleados públicos", tal y como resume la Federación en un comunicado.

Carretón reclama que "si la AGE ya tiene estipuladas diferentes categorías salariales en función del nivel de estudios, que añadan también la categoría de doctor". De esta forma, no solo se vería incrementado su sueldo, o al menos actualizado con el IPC, sino que los investigadores podrían pedir complementos salariales o de docencia, y regularizar la figura del investigador, algo que les permitiría entrar en programas de formación o evaluación propios de sus centros de trabajo. Desde el punto de vista de Giménez, "al no haber un marco jurídico concreto que regule a los postdoctorales, denunciar las tropelías que se cometen es mucho más difícil porque te tienes que remitir a otras legislaciones, como la Ley de Ciencia o la Ley General del Trabajador".

Evolución de sueldos JdC y EyC, y sus proyecciones de haberse equiparado al IPC desde 2005

La FJI toma como referencia el poder adquisitivo del 2005 dado que es cuando se alcanza el máximo salarial de las convocatorias de investigación y es el último año en que se dan unas condiciones económicas favorables antes de la crisis. En base a esto, el presidente de la Federación alude a que "el problema es que 15 años después estamos luchando por volver, únicamente, a los niveles de antes, y aspiramos a que estos trabajadores vivan igual que en 2005, cuando en realidad tienen que vivir decentemente en 2020".

El Gobierno no atiende sus demandas

Giménez también se pronuncia sobre la ambición de sus demandas: "La ambición es muy humilde porque está pasando un hecho que es muy triste: este Gobierno, que puso en marcha el EPIPF y parecía muy implicado, desde que se formó la coalición con los dos partidos que llevaban unas mejoras enormes en investigación, ahora ha desaparecido y no está haciendo nada". Desde la FJI no entienden cómo la respuesta es el silencio cuando se han intentado poner en contacto con el Ejecutivo por todos los medios, y antes tenían reuniones quincenales con el ministro hasta antes de las elecciones.

En palabras del presidente de la Federación, "hay una especie de desconexión y secretismo que hace que no sepamos en qué están trabajando, pero sí que vemos que no están trabajando para nosotros, que es su compromiso". Por su parte, Carretón recuerda que "para recortar no les tembló la mano, y si entonces nos trataron como personal público, ahora también deberían hacerlo".