Unos 5.000 usuarios, bajo riesgo de desconexión por descargar

Las negociaciones que reúnen al sector cultural y las operadoras para intentar frenar la descarga de contenidos sujetos a derechos de autor en Internet se encuentran en un momento decisivo. Aunque las medidas técnicas esenciales para luchar contra la oferta han sido aceptadas por ambas partes, el último punto del proceso, el que afecta a los usuarios, divide a corto plazo a La Coalición de Creadores (que agrupa a autores, entidades de gestión de derechos, productoras, discográficas y distribuidoras) y Redtel (que representa a las principales operadoras a excepción de Jazztel).

El futuro organismo administrativo dependiente del Ministerio de Industria que, como se detalla en las negociaciones, se encargaría de recibir las denuncias de los propietarios de derechos de autor, tendría que llevar a cabo en su primer año, según fuentes de La Coalición, unas 4.500 actuaciones. Estas se aplicarían contra los primeros usuarios que pongan a disposición de la Red contenidos protegidos. A esta cifra habría que sumar otras 500 sanciones adicionales que se calcula que corresponderían a los usuarios que no cesaran en la actividad.

La desconexión es el único método efectivo para acabar con las descargas de material con copyright

La Coalición defiende que, a tenor de las encuestas que ha realizado, la desconexión es el único método efectivo para acabar con las descargas de material con copyright, ya que la oferta de las operadoras, que no descarta la aplicación de multas, no evitaría que los denominados primeros difusores siguieran poniendo a disposición de otros los archivos, haciendo frente a las sanciones monetarias impuestas.

Por su parte, fuentes de las operadoras agregan que otro de los puntos fundamentales para llegar a un posible acuerdo es que haya una oferta de contenidos de pago "amplia y asequible" que sirviera de alternativa al intercambio gratuito. Mientras, recuerdan las limitaciones a las que se enfrentan estos servicios en la actualidad.

Al igual que sucede en el caso de la ley Sarkozy en Francia, aún pendiente de aprobación, que exige la creación de alternativas que puedan sustituir las que se pretenden frenar, el acuerdo español también esboza posibilidades para realizar cambios en el modelo de negocio.

La digitalización de contenidos comerciales, también los que están fuera del catálogo actual, o crear un portal con el acceso a páginas que ofrecen archivos de pago son algunos de los puntos acordados para trasladar el consumo de uno a otro sistema, aunque las operadoras solicitan la concreción de esas alternativas.

"La Red se impondrá"

Los internautas se han quedado fuera de las negociaciones sobre el futuro del P2P. El presidente de la Asociación de Usuarios de Internet, Miguel Pérez Subías, lamentó ayer que el posible acuerdo se esté llevando a cabo entre organizaciones privadas. Pérez Subías, para quien la postura de la industria cultural es clara, alerta además sobre la posible influencia del resultado de estas negociaciones en la neutralidad de la Red.

"En otros países ya se ha visto que las operadoras prefieren controlar la cantidad de tráfico que circula por sus redes", señala, y añade un nuevo factor que se ha debatido en países como EEUU, donde las propias operadoras se adentran en ofrecer contenidos de pago. "Este tipo de actitudes no favorece la libre competencia", añade. La Asociación de Usuarios de Internet ya prevé presionar a los legisladores que intervengan en la parte final de la negociación, una vez que se conozcan todos los términos de la misma. "A corto plazo puede que el resultado que obtengan sea rentable pero, socialmente, el coste que pagarán los agentes implicados será muy alto y la Red se impondrá", concluye Pérez Subías.

Tecnología para frenar las medidas

Una vez abierta la posibilidad de que los proveedores controlen los contenidos descargados, algunos programadores ya han desarrollado programas que preservan la privacidad de los usuarios.

OneSwarm es una propuesta P2P de la Universidad de Washington que oculta la dirección IP del ordenador del usuario y el contenido transmitido por cifrado, reescritura de direcciones y descarga desde diferentes rutas. El sistema combina claves y redes a las que sólo accede un grupo de personas que, al compartir las claves, descifran los contenidos. El origen y destino de los datos permanecen ocultos.

The Pirate Bay lanzó el programa iPREDator coincidiendo con la fecha de entrada en vigor en Suecia de la Ley ‘anti P2P’. Garantiza, según sus creadores, el anonimato de los usuarios al ocultar la dirección del equipo mediante su integración en redes privadas virtuales. El sistema, que no es gratuito, desvía los datos de acceso del usuario a un servidor VPN, donde su dirección cambia, dificultando el rastreo.