Menos lobos en la caza de los piratas. Eso es lo que le ha pedido el Consejo de Estado francés al Gobierno de Nicolas Sarkozy, emperrado en encontrar un dispositivo legal antiP2P (las redes de intercambio de archivos por Internet). Los expertos en Derecho Público del Consejo de Estado han solicitado al Ejecutivo que suavice varias disposiciones del anteproyecto de ley. El texto, cuya versión inicial era durísima, debía llegar hoy al Consejo de Ministros, sin que se sepa si Sarkozy ha aceptado las recomendaciones de moderación de los juristas.

La noticia de la censura de los expertos del Consejo de Estado al anteproyecto de ley de Alta Autoridad para la Difusión de Obras y la Protección de Derecho en Internet (Hadopi) cayó ayer como una bomba, en la víspera del Consejo de ministros de hoy. Hasta ahora, el dictamen de los sabios había sido mantenido en secreto, y la ministra de Cultura a cargo del anteproyecto de Ley, Christine Albanel, afirmaba que era favorable al texto elaborado por sus servicios, un texto que seguía, por cierto, las recomendaciones del informe preparado por el ex presidente de la FNAC,Denis Olivennes.

No es para nada así en la versión del dictamen revelada ayer por el diario Les Echos. Los expertos del Consejo de Estado, según ese diario,exigen al Gobierno que retoque su texto en al menos seis puntos que, por su excesiva represión, podrían entrar en contradicción con las garantías constitucionales.

Los expertos cuestionan frontalmente uno de los dispositivos más polémicos previstos en la ley antiP2P : el filtrado de Internet.

En el Informe Olivennes y en el anteproyecto de ley se estipulaba que, a solicitud de las sociedades de gestión de derechos de autor, la autoridad independiente podría proceder al filtrado de Internet sin necesidad de pasar por el juez. De hecho, varias empresas, entre ellas Advestigo, ya están filtrando Internet en Francia.

Para el Consejo de Estado, esa actividad de filtrado sólo podrá ser efectuada bajo control judicial, posibilidad que, de hecho, ya existía antes de que el Gobierno se embarcara en la aventura del informe Olivennes y de la ley Hadopi, cuya vocación primera es precisamente la de instaurar un filtrado sin control judicial.

El segundo punto en que los expertos han exigido una rectificación del Gobierno es en el tipo de sanciones que podrán ser aplicadas a los internautas, y en el tipo de recurso que éstos podrán interponer. El Consejo de Estado ha exigido que se haga explícito que la Alta Autoridad deberá, primero, contactar al internauta y advertirle, antes de proceder a una sanción, de que podría ir hasta la desconexión limitada. Por otra parte, los juristas solicitan al Gobierno que, en caso de sanción, el internauta pueda recurrir ante un juez de tribunales civiles, posibilidad que no estaba contemplada en la versión inicial del proyecto de ley.

Otros reproches menores del Consejo de Estado aconsejan al Gobierno que prevea una menor duración de las sanciones de desconexión del internauta juzgado pirata y que establezca una moratoria a la entrada en vigor del filtrado y del dispositivo de sanciones.

Además, 14 parlamentarios socialistas -diputados, senadores y eurodiputados- han publicado en Libération un manifiesto contra la ley
Hadopi y contra la 'caza de internautas dilapidando dinero público'.

Las administraciones francesas recurren cada vez más a los sistemas operativos libres basados en Linux por considerarlos mejores y más baratos. Pero en lo que toca a los consumidores, el Gobierno y la mayoría de derecha han cerrado una santa alianza para que, en los Pc, Microsoft siga siendo intocable.

El Ejecutivo y los diputados del partido de Sarkozy, la UMP, han cerrado el paso a una enmienda parlamentaria a la Ley de Modernización de la Economía que pretendía obligar a que se señalen claramente los precios de cada programa en la venta de ordenadores con sistemas operativos preinstalados.

Esa enmienda, que había sido presentada por la oposición, pretendía hacer más fácil que el consumidor compare los diferentes productos que existen en el mercado.

La idea es también facilitar que pueda obtener el reembolso del precio del sistema operativo si es que desea devolverlo e instalarse otro en su lugar. El secretario de Estado de Consumo, Luc Chatel, que se había declarado favorable a esa medida hace unas semanas, finalmente se metió la lengua en el bolsillo, cosa que fue denunciada por asociaciones de promoción de los programas GNU, como April.

En España, la posibilidad de pedir el reembolso del software no está contemplada. Un usuario acaba de llevar a juicio a Microsoft por este asunto.