Pablo Soto (Madrid, 1979) desarrolló en el año 2000 el programa Blubster que, con el cierre del mítico Napster, logró convertirse en el programa español de intercambio más descargado de la historia. Ahora se encuentra perfeccionando Omemo, un sistema que pretende crear un disco duro gigante con los ordenadores de los usuarios que estén dispuestos a compartirlo por Internet. Trabajador incansable, el miércoles por la tarde tuvo que frenar su actividad. Una demanda de Promusicae y las cuatro mayores discográficas del mundo, en la que le reclaman 13 millones de euros fue la razón, aunque Soto tiene muy claro que no pueden hacer nada contra él. 

¿Cual fue su reacción al recibir la demanda?
Después de ocho años, cuando ellos mismos han defendido que el problema no es la herramienta sino en el uso que se hace de ella, nos hemos quedado muy sorprendidos. La demanda está cogida con pinzas y no pueden ganar de ninguna manera. Pero lo cierto es que, al recibirlam te asustas. Lo primero que hice fue irme a la página en la que aparece lo que reclaman. Cuando vi los 13 millones de euros no me lo podía creer.

¿Por qué esa cantidad?
Su planteamiento es el siguiente: el programa se lo han descargado alrededor de 20 millones de usuarios. Ellos calculan que cada uno se habrá bajado al menos una canción de la que ellos tienen los derechos. Como valoran cada canción en un dólar, el resultado de la multiplicación es de 20 millones de dólares y el resultado final de 13 millones de euros. Y eso lo afirman sin demostrar nada.

Siempre ha asegurado que la industria no podía hacer nada contra su empresa. ¿Puede hacer algo ahora?
No. En Manolito P2P explotamos tecnología, distribuimos software y obtenemos ingresos. Hacemos investigación y después la explotamos. No es ilegítimo y ni ilegal, porque la tecnología en sí misma no admite etiquetas, y no creo que haya ningún juez que lo diga. Ante un atropello, nadie denuncia al fabricante del coche. Y no se puede esgrimir como un argumento que el fabricante ha ganado mucho dinero con la venta de lo que hace. Lo mismo ocurre en nuestro caso.

¿Cree que quieren esgrimir esta demanda como medida ejemplarizante?
Sí, es una decisión que va en contra de la innovación, para que al próximo que se le ocurra desarrollar un programa de este tipo se lo piense dos veces. Promusicae quiere que se asocie esta tecnología con productos ilegales.

¿Por qué van contra usted?
Las compañías discográficas basan su lucha en una estrategia de asimilación, de repetir una y otra vez los mismos argumentos para acabar con lo que se mueve en el mundo de la música sin su control. Las cuatro demandantes (Warner, Universal, EMI y Sony BMG) tienen el control del 85% de la música que se produce por los canales tradicionales. Las discográficas destruyen todo lo que no pueden controlar. Muchos músicos que hacen creaciones con licencias copyleft [de libre distribución] necesitan canales como el nuestro. No tienen acceso a los canales convencionales porque están monopolizados por empresas como éstas.

Sus abogados estiman que el proceso será largo...
El momento duro es ahora. Yo tengo la suerte de trabajar con los abogados Javier de la Cueva, David Bravo y un grupo de gente muy motivada. Vamos a salir adelante. Seguro. Esta gente me puso un detective privado que se presentó en nuestra oficina diciendo que quería contratar publicidad para nuestro programa. Llevaba un micrófono y una cámara oculta. Fue surrealista. Lo que intentaba es que yo dijera o hiciera algo que pudiera ser utilizado en la demanda. En un comunicado que ellos han enviado se dice que yo hago operaciones a partir de 10.000 dólares. Posiblemente eso fue lo que le dije al detective para quitármelo de encima. Es de risa, son técnicas que dicen muy poco en su favor.

Hace más de ocho años que desarrolla programas P2P. ¿Por qué cree que le demandan ahora?
Están agotando vías. El camino de denunciar a las páginas con enlaces a contenidos P2P se les está acabando. Bruselas ya ha dejado claro que las compañías no están obligadas a facilitar los datos de los usuarios que descargan y el siguiente paso es ir contra los programas. Aunque ellos ganaran este juicio, no les va a salir rentable. Imagino que tendrán un presupuesto de abogados de más de un millón de euros, pero de mí no van a obtener los 13 millones que piden. Somos una empresa con ocho trabajadores y sobrevivimos, no somos una multinacional. El objetivo es otro: iniciar una campaña de acoso y derribo y generar un ambiente de miedo.