Casi dos años después de la introducción del canon digital, la Justicia europea amenaza con tumbarlo. Al menos, la parte que pagan las empresas y las administraciones públicas. El informe jurídico redactado por la abogada general del Tribunal de la Unión Europea, Verica Trstenjak, señala que el canon no se ajusta a la legislación comunitaria porque su aplicación es 'indiscriminada' y sobrepasa la 'compensación equitativa' a los autores, que la Unión Europea sí reconoce.

Sus conclusiones no son las del Tribunal de Luxemburgo, que todavía tiene que dictar sentencia, pero fuentes de la institución recuerdan que en un 80% de los casos los jueces acaban por confirmar los análisis de la abogacía general.

Los profesionales adquieren CD

El informe publicado ayer no deja lugar a la ambigüedad. La aplicación 'indiscriminada de un canon para la compensación por copia privada' incumple, en el caso de las empresas y administraciones públicas, la directiva que reconoce que los autores tienen derecho a cobrar por la explotación de sus obras. ¿El motivo?, los profesionales 'adquieren claramente' los CD, DVD, memorias USB y hasta fotocopiadoras 'para finalidades ajenas a la copia privada', según resaltan las conclusiones.

Sin embargo, el informe jurídico de la abogacía general va más allá al plantear que la aplicación del canon también podría ser incorrecta cuando grava a los consumidores. Según la jurista, el canon 'sólo estará justificado' cuando los soportes se utilicen 'presumiblemente' para realizar copias privadas de contenido protegido, algo que no tiene por qué ocurrir cuando el dueño de un soporte, como un CD, lo usa para compartir sus propios escritos o fotografías, por ejemplo.

Las conclusiones fueron defendidas por las asociaciones de internautas y de empresas de tecnología como un varapalo al Gobierno, que impulsó un refuerzo del canon aprobado por las Cortes en 2007. El Ministerio de Cultura españolno se pronunció sobre los argumentos de la abogacía general y pidió esperar a conocer la sentencia. Su titular, Ángeles González-Sinde, se limitó a decir en el Congreso que su publicación será 'una buena oportunidad' para 'armonizar' la postura de todos los países de la UE, entre los que hay una mayoría que gravan de una u otra manera soportes similares.

Internautas y empresas ven en el texto un varapalo al Gobierno español

De confirmarse las conclusiones, estas serían para las empresas de informática 'la prueba de que no se puede instituir la presunción de culpabilidad, que no todos somos presuntos delincuentes', en palabras de Josep Jover, abogado de APEMIT, una asociación del sector. 'Es el principio del fin del canon', asegura a Público el abogado, cuya organización ha demandado a la SGAE.

Según Jover, el carácter 'indiscriminado' del canon es la clave. 'No puedes lograr la paz fusilándonos a todos', añade, antes de asegurar que su asociación 'defiende que los autores perciban justamente sus derechos de propiedad intelectual'.

Si se excluye del canon a empresas, este se concentraría en el ciudadano

Según Víctor Domingo, de la Asociación de Internautas, otra organización que históricamente se ha manifestado en contra de la aplicación del canon, 'ha quedado claro que, cuando nos opusimos por primera vez, no éramos cuatro internautas histéricos: este canon es injusto e indiscriminado'. Domingo recuerda que el pasado mes de febrero, la plataforma Todos contra el canon presentó tres millones de firmas contra la ley que lo permite y denuncia que sirve a los mismos fines que el cierre de páginas web diseñado por Cultura: beneficiar a las sociedades de derechos de autor.

Para entidades como la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), 'el Tribunal de Justicia de la UE ratifica la compensación por copia privada en España', según un comunicado de Ibercrea, una asociación de la que forma parte. Los gestores de derechos de autor se miran en otros países de la UE, donde existe la figura de un canon.

Además, la abogada general reconoce que es 'prácticamente imposible controlar' o hacer estadísticas 'del número exacto de copias privadas', algo que a su juicio legitima la aplicación a los consumidores. Eso sí, reconocen que si el Tribunal de Justicia sigue el informe, 'podría obligar al Gobierno' a cambiar la ley para que empresas o administraciones públicas dejen de pagar el canon.

Administraciones y universidades también están contra el gravamen

'Eso sería muy peligroso', asegura en conversación con Público Rafael Sánchez, directivo de IBAU, otra asociación del sector. En su opinión, esto 'sería perjudicial para el consumidor, porque el canon se fija distribuyendo la carga en todo el mercado, y si se confirma que las empresas están excluidas, se concentraría en el ciudadano'.

No sólo las empresas que venden soportes informáticos o las asociaciones de consumidores están en contra del canon. Administraciones públicas o universidades han elevado ya la voz contra el gravamen. En abril, el Ayuntamiento de Castelló anunció que reclamaría a la SGAE por todos los medios que le devolviese los 100.000 euros que la corporación se gastó en el canon por la compra de impresoras y material informático en 2008. El municipio está gobernado por el PP, que en 2007 se opuso con fiereza a la reforma de la ley impulsada por el Gobierno.

El texto es obra de la abogada general del Tribunal de la Unión Europea

Otros ayuntamientos, como el de Tarragona, gobernado por el PSC con apoyo de ERC, considera un 'abuso' el canon. Anteayer, el pleno municipal aprobó una moción pidiendo a la SGAE transparencia sobre cómo se cobra y, sobre todo, cómo revierte en los artistas a los que 'supuestamente se benefician'.

'Es lógico', reflexiona el abogado Jover, porque 'las administraciones públicas se gastan una inmensa cantidad de dinero en equipos informáticos'. Según él, contribuyen 'a la financiación irregular de entidades privadas' de derechos de autor. Para Domingo, de la Asociación de Internautas, la sentencia que espera será acompañada 'de una rebelión social' que presionará aún más al Gobierno para que entierre definitivamente el canon.