Crisis, recortes y morosidad. Son las tres palabras que ahogan hoy al sector cultural y que con más dolor sufre el mundo del teatro.

Cuando el crédito dejó de fluir, los ayuntamientos, encargados de financiar los festivales, cortaron el grifo a las compañías teatrales agobiados por sus propios déficits. Resultado: en estos cuatro años, muchos de estos grupos han dejado de trabajar, los certámenes funcionan bajo mínimos y la gestión privada ha entrado como un torrente en los teatros públicos como si fuera la medicina que curará este cáncer.

La compañía Animalario ha sido víctima de estos vaivenes económicos. 'Todo comenzó después de montar Urtain en 2008. Desde ese momento tuvimos deudas con los ayuntamientos y muchos problemas con el Festival de Mérida porque no nos pagaba.

Nuestra deuda alcanzó los 250.000 euros. Fue muy difícil', cuenta a este periódico el director Andrés Lima, miembro de la compañía. La situación se agravó cuando el grupo, que consta de siete actores y otros 15 en gira, tuvo que pedir una línea de crédito 'que nunca llegaba a tiempo para pagar otras cosas. Se fue haciendo una bola terrorífica', añade. Y esto en un momento en que, aunque suene parajódico, se vive un aumento de espectadores. 'Es cierto, vivimos un momento muy creativo y si estamos así es porque hay gente que ha aguantado mucho tiempo sin buscar enriquecerse inmediatamente. La pasión por el oficio que ha desarrollado la gente del teatro es increíble', apunta Lima.

Y en épocas de la crisis siempre surge el fantasma de la privatización. El director se muestra muy cauteloso ante los cambios que se están produciendo en la gestión de los teatros públicos en este sentido. 'Está habiendo un aumento de la privatización. Es verdad que se construyen nuevos teatros públicos, pero se contrata a taquilla. Es decir, la gestión sigue recibiendo la subvención del Estado, pero esta subvención no llega a la compañía. Los consistorios se están gastando el dinero en gestoras en vez de hacer ese trabajo ellos mismos', comenta.

Para Lima, detrás de esta privatización y de algunos de los recortes anunciados no se halla solamente la crisis económica, sino que hay una cierta voluntad política. En el último año, el Festival de Cine de Málaga, el Womad de Las Palmas de Gran Canaria y la Semana Negra de Gijón, entre otros certámenes, han perdido apoyo de los ayuntamientos gobernados por partidos de la derecha y han visto comprometida su continuidad.

Para Lima, detrás de los recortes y la privatización hay una voluntad política

'Todo esto responde al avance del neoconservadurismo. Por eso se pretende que la cultura ocupe un lugar dentro de la gerencia privada. Te dicen que así funcionará mejor y será más rentable, pero se quiere quitar competencias al Estado de lo que es público. Al igual que la educación y la sanidad, la cultura tiene que ser pública', denuncia Lima.

Y junto a los recortes y la privatización, otro tema que provoca discusiones en el sector cultural son las subvenciones. Este año, el Fondo de Protección a la Cinematografía ha dirigido 76,78 millones de euros a garantizar y proteger el cine nacional. Un 14,1% menos en 2010. ¿Hay que cortarlas en un momento económico como el actual? El Partido Popular ya ha anunciado que la cultura no puede depender en exclusiva de las ayudas. 'Eso es falta de cultura. La cultura debe tener subvenciones como tiene todo el mundo, desde la Policía a las gasolineras. Es importante que existan las ayudas a los creadores, y esto hay que verlo más como parte de nuestra educación que como un negocio', afirma Lima.

El próximo Gobierno se encontrará sobre la mesa varios frentes abiertos. Uno de ellos es la conocida ley Sinde, que permite el cierre las páginas de enlaces de internet, a falta de que se apruebe su reglamento.

'Al igual que la educación y la sanidad, la cultura tiene que ser pública'

Otro es la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), en pleno proceso de refundación tras la era Bautista. 'Era evidente que algo olía a podrido... Pero la SGAE debería ser uno de los focos de cultura de este país, puesto que es una empresa que trata con los creadores y además es capaz de hacer dinero', sostiene Lima. Su proposición parte de una mayor autorregulación.

En los últimos cuatro años ha habido también algunas gestiones positivas aplaudidas por el sector cultural. Una de ellas es el Código de Buenas Prácticas que instauró el ministro César Antonio Molina (antecesor de Ángeles González-Sinde) para elegir a los directores de los centros dramáticos públicos. No obstante, para Lima, al final 'en estos cuatro años no se ha democratizado la cultura'. ¿Qué hacer, entonces? 'Lo más inmediato es un pago de la deuda de los ayuntamientos, cuidar la preservación de lo público y fomentar el cooperativismo', señala. Es una propuesta de auxilio. 'La distribución de la riqueza cultural es muy positiva para el pueblo', concluye.