La nueva Ley de Cine que ayer aprobó el Parlament de Catalunya, con los votos de los partidos que apoyan al Gobierno y los del principal partido de la oposición, responde a la necesidad expresada por el sector desde hace muchos años, de disponer de una guía legislativa que permita desarrollar políticas de apoyo y difusión para el cine que se produce en Catalunya.

A pesar de que el principal foco de atención mediática ha estado centrado en el debate que se ha producido entre exhibidores y Administración, a propósito de los aspectos referidos al doblaje y subtitulado que intentan garantizar la igualdad de oferta al espectador, en las dos lenguas oficiales existentes en Catalunya, lo sustancial de esta ley es la posibilidad que nos brinda en ámbitos como la educación, la digitalización, la concertación de salas de exhibición y la necesaria internacionalización de nuestra producción.

Aspectos como la lucha contra la piratería, entendida esta no contra los internautas, sino contra los que fraudulentamente se apropian del trabajo de los creadores y de las inversiones públicas y privadas, así como la creación de nuevos públicos y mercados, deben ser prioridades de la legislación que emane de la ley. Las bondades de la normativa dependerán de su desarrollo reglamentario y muy especialmente de la capacidad de diálogo y de unidad entre el sector y la Administración.

Si entre todos somos capaces de tejer complicidades las angustias pronto serán una anécdota. La angustia lógica de los exhibidores locales y las presiones de las majors para controlar, aún más, nuestro propio mercado, pronto serán parte del pasado y la sesión parlamentaria de ayer habrá servido para sentar unas bases jurídicas, capaces de fortalecer esta área estratégica de nuestra industria cultural.