El Ministerio de Cultura está analizando los informes del Consejo Fiscal y, el más reciente, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al reglamento que desarrolla la llamada ley Sinde. Algunos aspectos de la norma que prevé el cierre de páginas de enlaces a material sujeto a derechos de autor han sido cuestionados por este último órgano. En el Ministerio confían en llegar a tiempo antes de las elecciones del 20-N.

En su preceptivo pero no vinculante informe, el CGPJ sostiene que el procedimiento establecido en el reglamento para cerrar este tipo de sitios sólo puede ser aplicado a aquellos que 'persigan, directa o indirectamente, ánimo de lucro, o cuya conducta haya causado o sea susceptible de causar un daño patrimonial'. Esto podría dejar fuera a la mayoría de las páginas señaladas por la industria cultural. La práctica totalidad son gratuitas o se financian con publicidad.

El informe sostiene que la ley sólo puede aplicarse a sitios con ánimo de lucro

Pero mas duro es el punto que aparece en la página 39 del informe del CGPJ. Aquí, y en referencia a las webs de enlaces, recuerda que 'conforme al sentir de la mayoría de la doctrina y de la jurisprudencia menor que ha recaído sobre el tema, no se les puede atribuir una vulneración de derechos de propiedad intelectual por más que las páginas o contenidos a los que enlacen hayan sido ilícitamente subidos a la red en origen, ya que en rigor los enlazadores no estarían reproduciendo, comunicando públicamente ni efectuando en suma una conducta que pueda ser calificada como de explotación de derechos de propiedad intelectual'.

Para el abogado David Maeztu, el primero en detectar el posible calado del informe, 'se trata de un palo considerable. El CGPJ reconoce que no se puede ir contra las páginas de enlaces'. Maeztu también destaca otras salvedades que hace el órgano jurisdiccional, como el hecho de que se deje fuera del procedimiento a los prestadores de servicio, las empresas que sin ser las dueñas de las páginas de enlaces, les dan alojamiento y conectividad en sus servidores.

El también abogado David Bravo, que ha defendido a un par de decenas de estas páginas, sostiene en su blog la misma idea. Aunque el dictamen no es vinculante y el reglamento que regula la comisión no incluya sus recomendaciones, '¿cuánto tardarán las páginas afectadas en querellarse contra los firmantes de esa resolución por la existencia de un presunto delito de prevaricación?', se pregunta. Esa figura, la de dictar una resolución a sabiendas de que es injusta, será una de las armas que usen los abogados de estas páginas sin pierden ante la comisión.

Se afirma que las webs de enlaces no vulneran el derecho de propiedad intelectual

Por otro lado, el informe del CGPJ precisa que frente al sujeto que obtiene la copia no se pueden poner en marcha las medidas previstas en la ley, como son la interrupción de un servicio o la retirada de un contenido que haya sido provisto en red. Lo que sí considera necesario es incluir en el reglamento alguna medida coercitiva para los reincidentes, informa Efe.

Pero el informe del CGPJ deja para el final el gran riesgo que tiene el actual articulado del reglamento de la ley Sinde. En sus conclusiones, sostiene que puede darse el caso de que las decisiones de cierre de la comisión administrativa se contradigan con las sentencias de los jueces 'a los que eventualmente se sometan los casos ventilados ante aquélla, dada la compatibilidad de este procedimiento con la interposición de acciones judiciales'.

Los servicios jurídicos del Ministerio de Cultura están analizando los informes del CGPJ y del Consejo Fiscal para incorporar al reglamento las consideraciones que crean oportunas, cuenta Efe. En este recorrido aún falta el preceptivo informe del Consejo de Estado, cuya publicación es inminente. El Gobierno confía en que le dé tiempo a formar la comisión administrativa antes de que sean las elecciones.