Siguiendo la máxima de que no hay mejor defensa que un buen ataque, el último detenido por el momento en la operación Saga, Pedro Farré, denunció ayer ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz al 'responsable de la SGAE' que habría facilitado las facturas por las que se le acusa de un presunto uso fraudulento de la tarjeta de crédito de la entidad, a los guardias civiles que le detuvieron y al periodista de Intereconomía que habría alertado a la Sociedad General de Autores y Editores de sus prácticas.

Farré, al que se imputan los delitos de falsedad y apropiación indebida o estafa, declaró durante aproximadamente una hora ante el magistrado. Fuentes jurídicas señalaron que no ratificó la declaración que prestó el viernes en dependencias de la Guardia Civil, que considera nula al haberse producido, según la defensa, bajo un arresto no autorizado por el juez Ruz. Lo que hizo fue insistir en que, como relaciones públicas de la SGAE, utilizaba la tarjeta que tenía a su nombre para los gastos que pudieran surgir en concepto de 'hospitalidad corporativa', es decir, de atenciones a clientes y proveedores del órgano encargado de gestionar los derechos de autor.

Las mismas fuentes señalaron que no hizo ninguna mención a pagos concretos realizados con la tarjeta que tenía a su disposición, por lo que no negó los pagos que se le atribuyen por un importe de entre 30.000 y 40.000 euros en locales de alterne.

En el escrito presentado en el Juzgado Central de Instrucción número 5, en el que denuncia haber sido víctima de un delito contra la intimidad y otro de privación de derechos a detenidos, tampoco lo hace.

Se limita a afirmar que no era jefe de gabinete del expresidente Eduardo Teddy Bautista como informó la SGAE el viernes en un comunicado, sino relaciones públicas. En cuanto a la tarjeta añade que 'no sólo existe autorización tácita, mediante la entrega del medio de pago, sino que no hay prohibición alguna, ni siquiera medida de responsabilidad social corporativa que prohibiese un hipotético uso personal de la tarjeta'.

Eso sí, se queja de que 'se obvien gastos en restaurantes, coetáneos a los considerados de contrario, que al parecer figurarían en los extractos bancarios'.

El escrito señala que 'el verdadero objetivo' del arresto e imputación de Farré 'es, al parecer, obtener el control sobre un informe sobre la gestión de la SGAE elaborado por detectives hace algún tiempo y cuyo contenido divergiría al parecer de los datos que los guardias civiles actuantes han incorporado al procedimiento'.

Pese a las acusaciones en su contra, Farré abandonó la Audiencia Nacional asegurando a los medios de comunicación que está 'muy tranquilo' y pronto 'se sabrá el verdadero trasfondo y alcance' de lo que se ha 'maquinado' para 'mancillar' su honor y el de su familia.

El portavoz de la SGAE, Sabino Méndez, no quiso valorar las acusaciones de Farré y se limitó a destacar el principio de máxima transparencia por el que, asegura, se rige la nueva junta de la entidad, consistente en que cualquier irregularidad que se detecte se pondrá en conocimiento del juez y la policía. Tampoco se pronunció respecto a lo que 'pertenece a los antiguos equipos de gobierno'.