España es un país con la memoria en carne viva al que no le dejan cicatrizar. Ni siquiera los doctores que deberían cuidar de su pasado y aplicar los antídotos contra la mentira están por la labor de cumplir con sus responsabilidades, como se ha podido comprobar con la publicación de esa gran farsa en 50 tomos, a la que han tenido la osadía de llamar Diccionario Biográfico.

España no se merece una Academia de la Historia como la que tiene, que campa ligera con ánimos predemocráticos. Su último proyecto, gestado con el encargo del entonces presidente José María Aznar y consolidado con la benevolencia del gobierno socialista, es un golpe de Estado a la exigencia democrática de un país que ha sido capaz de resistirse al asalto armado de los generales.

Algunos historiadores nonagenarios no aceptan un Estado de Derecho en el que sus ciudadanos conviven sin miedo a la censura, la amenaza o la represión. Estos mismos estudiosos disfrutan hoy de las libertades que la democracia instauró en un país que sobrevivió a la dictadura feroz de Francisco Franco. La Academia reclama águilas y fusiles desde su misma desaparición y, por supuesto, con este diccionario han hecho público su falta de interés por los deberes y obligaciones de una sociedad libre.

También han querido dejar de lado sus responsabilidades quienes hicieron posible esta monstruosidad con dinero de todos los españoles. En el nombre de todos ellos, la Real Academia de la Historia les dice que lo que Franco impuso a golpe de sangre no fue una dictadura, porque Franco 'no fue totalitario', sino, simplemente, 'autoritario'.

De momento, nadie pide cuentas a nadie, nadie ha vigilado la apología del terror y todos lo han celebrado. El ministerio de Educación, que dirige el filósofo Ángel Gabilondo, es el responsable de no haber supervisado los 6,4 millones de euros que dio a la institución, que se muestra franquista, para invertir la Historia y mentir al pasado y a los españoles. Como reconocieron a este periódico, el gabinete no tiene por qué supervisar lo que se hace con los fondos del erario público. Ni siquiera si se trata de un atentado contra el Estado de Derecho como el que se ha perpetrado con alfombra roja.