La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, solicitó ayer comparecer en el Congreso de los Diputados para "explicar la política de su departamento y, en concreto, de las sociedades de gestión", según informaron fuentes del Ministerio. La petición fue presentada en la Cámara, que deberá fijar la fecha.

La solicitud se produjo tres días después de la detención, el pasado viernes, de nueve trabajadores de la SGAE, entre ellos, el presidente del consejo de dirección de la institución, Teddy Bautista. Este mismo día, Cultura sostuvo que el ministerio no es competente para controlar y fiscalizar las actividades de las entidades de gestión, una labor que, según una sentencia del Tribunal Constitucional fechada en 1997, corresponde a las comunidades autónomas.

Iglesias recuerda que la gestora está sometida a los controles de la ley

El anuncio de González-Sinde sirvió al PP para agitar el debate político sobre este episodio. Así, el portavoz de Cultura del Grupo Parlamentario Popular, José María Lassalle, se felicitó por el hecho de que la ministra solicitase comparecer en el Congreso.

En un comunicado difundido por la formación conservadora, el diputado recordó que su grupo parlamentario ya había solicitado el pasado viernes la comparecencia de la ministra. Y, en tono irónico, aplaudió que la titular de Cultura "recupere el uso de la palabra después de 72 horas de silencio".

ICV cree que existen responsabilidades por parte de los poderes públicos

Poco tiempo antes de estas declaraciones, la secretaria general del PP comparecía en la sede nacional del partido y subrayaba que, independientemente del principio de la presunción de inocencia, el Gobierno debe dar una explicación sobre las funciones de control, tutela o inspección que ha realizado durante todos estos años con la SGAE. A juicio de María Dolores de Cospedal, "sería deseable que el Ministerio de Cultura iniciara y realizara una investigación paralela hasta donde puedan llegar sus competencias y donde comience el tipo penal".

La número dos de los conservadores realizó estas declaraciones después de reunirse con el secretario de la UMP francesa, Jean-François Copé.

La reacción del PSOE llegó en boca de su secretario de Organización. En rueda de prensa en la sede de la formación, Marcelino Iglesias subrayó que la SGAE es "una sociedad independiente que está sometida a los controles que marca la ley". Y cargó contra el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, por "ensuciar la vida pública" con mentiras sobre vínculos del Gobierno y su presidente con la entidad.Pons había asegurado que José Luis Rodríguez Zapatero es "amigo íntimo" de los implicados en esta operación.

Desde el Gobierno, el titular de Justicia, Francisco Caamaño, hizo una llamada a respetar la presunción de inocencia de Bautista y del resto de implicados en la operación. "Respetemos los tiempos judiciales y, por supuesto, que quien haya cometido un delito o vulnerado la ley responda tal y como todos los españoles".

Precisamente al procedimiento judicial se refirió el coordinador federal de IU, Cayo Lara, que demandó "una justicia ágil y eficaz" para el caso de la SGAE. Organización que, a su juicio, "no cuenta con mucha popularidad" como lo demuestra que "hayan cobrado en festivales benéficos, en fiestas populares, o a los bares por tener una televisión o una radio". E incluso intentaron cobra a IU por emplear una frase.

Para Lara, el momento es idóneo para abrir un debate sobre la regulación, el control y la gestión pública de los derechos de autor. Es, dijo, la oportunidad de "recuperar el control de la gestión y la regulación pública".

Mientras, el líder de ICV, Joan Herrera, afirmó que las detenciones en la cúpula de la SGAE ponen de manifiesto que "es necesario un control más efectivo". Además, consideró que "sí hay responsabilidades" por parte de los poderes públicos ante los presuntos delitos que se imputan a los dirigentes de la sociedad, incluido el de apropiación indebida.