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El juez permite que el juicio contra Montserrat Caballé por delito fiscal sea a puerta cerrada

La diva, que declarará por videoconferencia "por motivos de salud",  debe ratificar un pacto en el que reconozca el fraude a Hacienda de medio millón de euros; de lo contrario habría nueva fecha para el juicio que sí sería en audiencia pública.

Imagen de la soprano Montserrat Caballé, en las lecciones magistrales que impartió la semana pasada en la Universidad Internacional Menendez Pelayo de Santander.

EUROPA PRESS

BARCELONA.- El Juzgado Penal 13 de Barcelona permitirá que la vista de este martes en la que soprano Montserrat Caballé podría suscribir un pacto en el que reconozca haber defraudado a Hacienda se celebre a puerta cerrada y que, además, la cantante declare por videoconferencia.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en un comunicado este lunes, esto implicará que no haya la posibilidad para la prensa "de obtener ninguna imagen ni de asistir como público dentro de la sala para seguir la posible conformidad".

En caso de que Caballé no ratifique el pacto con la Fiscalía y la Abogacía del Estado y, por lo tanto, se tenga que celebrar el juicio oral, "se habría de buscar nueva fecha para la celebración; esta sí que sería en audiencia pública", según el TSJC.

Fuentes consultadas por Europa Press explican que la legislación no regula si las vistas de conformidad, enmarcadas como cuestiones previas de los juicios, tienen que ser abiertas, pero en la mayoría de los casos se hacen en audiencia pública permitiendo el pase de la prensa y de público.

"Problemas de salud"

El juez ya había acordado con anterioridad que la soprano pueda este martes declarar por videoconferencia "por motivos de salud", en vez desplazarse a la Ciudad de la Justicia para hacerlo; ahora, además, permitirá que la vista sea a puerta cerrada.

Caballé fue imputada en abril de 2014 después de que la Fiscalía le acusara de un delito contra la Hacienda Pública al concluir que, pese a vivir en España en 2010, figuraba como residente en el Principado de Andorra para no tributar en España.

Luego la cantante llegó a un pacto con Fiscalía y la Agencia Tributaria con el que admitió un fraude de 508.562 euros al no pagar el IRPF de 2010 -vivía en Barcelona pero figuraba con residencia en Andorra para no tributar en España-, y aceptó pagar una multa de 254.231 euros y devolver lo defraudado, además de seis meses de cárcel, con lo que no entrará en prisión.

La soprano ya ha pagado la cantidad defraudada a falta de abonar también los intereses de demora y la multa, que se deberá liquidar una vez haya sentencia; este martes deberá ratificar ante el juez el acuerdo, ya que de lo contrario irá a juicio.

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