Más de la mitad de los internautas ilegalizaría la SGAE

Es difícil ser más odiado que Hacienda, pero la SGAE lo consigue. El 55% de los usuarios de Internet directamente ilegalizaría la sociedad de gestión, según el Estudio de Hábitos de internet elaborado por la red de blogs Ocio Networks, en el que se ha entrevistado a 1.875 internautas.

Los datos reflejan que la mala imagen de la SGAE ha crecido con respecto al año pasado. Si en 2010 el 60% de los usuarios la calificaba como la peor vista, en la actualidad ese porcentaje alcanza el 71,5%. Además, según el estudio, el 91% de los internautas apoyaría medidas que limitaran su poder y el 94,2% consideró que, en ocasiones, abusa de ciudadanos y entidades. "Es una opinión generalizada en la red el hecho de que la Sociedad General de Autores abusa de ciudadanos y entidades. Además, el rechazo hacia el instrumento que utiliza la SGAE, es decir, el canon digital, está por encima del 90%", indicó Alejandro Suárez, responsable de Ocio Networks.

El estudio de la red de blogs, que cuenta con más de siete millones de usuarios únicos mensuales, cuenta con un apartado especial para el canon digital: el 62,5% de los consultados lo suprimiría. "La voracidad de la SGAE hace que los propios usuarios no sólo justifiquen, sino que en ocasiones presuman y recomienden a terceros la descarga de contenidos protegidos por derechos de autor", añade Alejandro Suárez.

La visión negativa de la SGAE aumenta entre los internautas de entre 21 y 40 años, el 75% de los cuales la identifica como la peor marca. En el resto de edades, la consideración negativa de la SGAE es siempre la más amplia. Según Suárez, "los garantes de los derechos de autores y editores no hacen nada por impedirlo; más bien al contrario, parecen carecer de relaciones públicas y comunicación, además de tener un exceso de celo y de abogados".

Sin embargo, la SGAE inició este año anunciando un decálogo para mejorar su imagen de cara a la opinión pública. Su director, Eduardo Teddy Bautista, prometió intensificar la transparencia de la entidad, elaborar un código de buenas prácticas y no perseguir judicialmente a las personas individuales por violar los derechos de autor de sus representados.