Estado policial

Imagínese al FBI entrando en una empresa y, sin más explicaciones, deteniendo y encarcelando a sus directivos y trabajadores presentes, y a su fundador y seis personas más en otro país.

Si la situación, de por sí, no le resulta suficientemente rocambolesca, plantéese que ese tratamiento es aplicado a una compañía que más de 180 millones de usuarios en todo el mundo utilizan para almacenar todo tipo de archivos: fotos, vídeos personales, presentaciones... todo lo que imagine. Una taquilla personal donde se incluyen, en algunos casos, archivos protegidos por derechos de autor, que son eliminados mediante un procedimiento estandarizado en pocas horas si alguien los denuncia.

¿Dónde está la conveniencia de aplicar ese tratamiento de choque peliculero a una empresa así? ¿Ejemplarizar? ¿Enviar un mensaje de "en esta casa se juega", al mejor estilo del Capitán Renault en Casablanca? ¿Qué será lo siguiente? ¿Cerrar Google porque algunos usuarios lo usan para localizar ese mismo tipo de archivos? ¿Encañonar a niños por la calle para revisar si los contenidos de sus iPods son aprobados por la Policía del Copyright? Bienvenidos al futuro distópico que nos parecía increíble en las novelas de Philip K. Dick.

¿Detendrá esa demostración de fuerza el intercambio de archivos? ¿Servirá todo esto para algo? La respuesta es no. Lo único que demuestra algo así es la imperiosa necesidad de cambiar el sistema de derechos de autor para que deje de depender de las copias que hoy en día todos podemos hacer. Pero preocúpese: ante este tipo de medidas, lo siguiente va a ser incluir el cifrado en todo el tráfico que se mueva por la red. Y en el momento en que la represión haya llevado a una gran mayoría de los usuarios a circular todo el día encapuchados, ya veremos lo divertido que va a resultar perseguir los delitos que sí eran realmente importantes. Al final, será peor el remedio que la enfermedad. Al tiempo.

* Enrique Dans es Profesor de IE Bussiness School